Más como un ejercicio de propaganda que como una convocatoria efectiva a la participación, el Gobierno viene anunciando la nueva Ley Orgánica del Trabajo, LOT. No es mucho lo que sabe de ella, salvo la especial visión del presidente Chávez cuando declara que "todo este proceso reivindicativo para el pueblo venezolano forma parte de la transición hacia el socialismo".

Con la LOT en puertas cabría preguntarse si además de consagrar los derechos de los trabajadores y listar beneficios y reivindicaciones contemplará también una visión sobre los conceptos de productividad, de corresponsabilidad, de capacitación, de cooperación, de aporte de esfuerzo y talento, de desarrollo laboral y personal. ¿Nos quedaremos con la visión del trabajo como solamente medio para asegurar un salario o avanzaremos hacia un concepto más completo que incorpore las ideas de corresponsabilidad para la generación de valor para la sociedad, de productividad y competitividad, de oportunidad para el crecimiento social y personal? Si de un lado de la ecuación están la remuneración, la estabilidad, los derechos sociales, sería de esperar que, del otro lado, estuvieran también los valores del trabajo, el esfuerzo, la capacitación, la iniciativa creadora, el profesionalismo, la lealtad, la honestidad, la productividad. Estaríamos así frente a un trabajador proactivo, interesado en su crecimiento laboral, consciente de su contribución a la creación de valor, sin complejos, satisfecho con su desarrollo personal y, muy especialmente, con su participación en la generación de prosperidad para el país y de una mejor calidad de vida para su familia.

Más que consagrar en la ley el derecho al trabajo, es deber del Estado crear las condiciones para generar oportunidades, tarea imposible de cumplir sino sobre dos sólidas bases: educación y estímulo al desarrollo productivo. Educación para capacitar, para formar, para desarrollar los talentos, para responder a las necesidades de la sociedad, para cubrir eficientemente los puestos de trabajo que se creen. Estímulo al desarrollo productivo para promover, generar bienes y servicios, activar la economía, fomentar inversiones, multiplicar las oportunidades. Sin estos dos fundamentos, la declaración del derecho al trabajo terminará en desempleo, subempleo o empleo precario y, finalmente, en una carga insostenible para el Estado y en frustración general. Tratar de suplir la ausencia de trabajo productivo por mecanismos transitorios de ayuda social o de desempleo disfrazado sólo contribuiría a alimentar el conformismo y la dependencia, condiciones históricamente contrarias a la grandeza de los pueblos.

Si algo debemos esperar de la anunciada ley es que atienda de manera prioritaria la capacitación, la que debe darse por las vías de la educación formal y la que debería continuar a lo largo del desarrollo laboral, sistematizada, permanente, con la participación estrecha de los empleadores y de las instituciones especializadas. Siendo así, falla el sistema educativo cuando no atiende la prioridad de la educación para el trabajo; falla el Estado cuando retrasa o se olvida de la creación de nuevos centros para recibir a quienes han completado la educación básica; falla también cuando desfigura las instituciones creadas para la formación técnica e intenta convertirlas en centros de adoctrinamiento, cuando confunde formación para el trabajo con ideologización y proselitismo político.

Lo que el país espera es una ley capaz de estimular la generación de empleo productivo, de alentar la contratación, de promover iniciativas y emprendimientos, de propiciar la actualización y mejora permanente en el trabajo; una ley que alimente el acuerdo Estado-trabajadores-empresarios, no la confrontación inútil y sistemática; una ley que promueva la producción diversificada, no el simple reparto de la renta petrolera; una ley, finalmente, sustentada en una mejor educación y en una visión de la economía y de la política que conjugue prosperidad con justicia social.

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