Ante la falta de política fronteriza, los Estados vecinos de Colombia son víctimas diarias de estructuras del crimen organizado. Viejas y nuevas, son instrumento operativo por excelencia de las conocidas organizaciones terroristas de ese país, del narcotráfico y, entre otras cosas, del sicariato, los secuestros express y los chapados al estilo tradicional y el cobro de vacuna por “protección”.

El ELN y las FARC han sufrido bajas enormes gracias a la acción decidida de la fuerza armada del vecino país. Sus efectivos disminuyen aceleradamente. Muchos desertores se desplazan hacia nuestro territorio. Sobreviven gracias al crimen como fuente de trabajo. En eso compiten con restos de lo que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, mejor conocidos como “paramilitares”, que actúan por su cuenta o por contrato. Como si todo esto fuera poco, se han sobre activado organizaciones venezolanas armadas fuera de la ley, revolucionarias y bolivarianas, que luchan por espacios propios en expansión bajo la relativa protección del poder constituido.

Apure, Táchira y Zulia son los Estados que sufren con mayor intensidad. El régimen los odia, especialmente a los dos últimos. Tolera todo lo intolerable. Pareciera tener como objetivo liquidar, destruir o disminuir al máximo la autoridad y el bien ganado prestigio de sus dos gobernadores, César Pérez Vivas y Pablo Pérez Álvarez, respectivamente. Les retiene recursos, convierten en saboteadores a las dependencias nacionales de esas regiones y mantienen inhibidos a nuestros militares institucionales para enfrentar los peligros. Actúan cuando no hay más remedio y los jefes son inmediatamente cambiados o sancionados.

Al pueblo tachirense lo castigan con un absurdo control de la venta de gasolina, con los famosos chips para tener derecho a una pequeña cuota del producto en gasolineras autorizadas bajo control militar. Ahora le toca al Zulia y pronto al resto de Venezuela, según reciente y silenciosa publicación en la Gaceta Oficial de principios de mes.

Se piensan implementar los chips también en el Zulia, específicamente en Maracaibo. Solo se venderá dos veces por semana, hasta 45 litros por vehículo, a quienes tengan el distintivo y en las bombas predeterminadas. Todo se hace supuestamente para combatir el contrabando. Falso de toda falsedad. Se hace para ocultar la incapacidad manifiesta del gobierno para abastecer al país. Están importando combustible y de paso nuestra fuerza armada ha resultado incompetente, insuficiente o cómplice para impedir el contrabando. Si no hubiera dosis suficiente de complicidades, el fenómeno fuera insignificante. Los presidentes Chávez y Santos, se hacen los desentendidos con estos temas, pero el de allá, por lo menos actúa en su territorio en la dirección más conveniente a sus intereses. Pero el de aquí ¿para cual equipo está jugando? Invito al Zulia a defender activamente a nuestro pueblo. Ya es suficiente.

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