Esta semana tuvo lugar un evento muy interesante sobre las posibilidades de inserción de Venezuela en la dinámica y compleja economía mundial, organizado por el CELAUP de la Universidad Metropolitana.

Como invitado, nos tocó tratar el tema de la seguridad jurídica y las inversiones ante una audiencia muy calificada en el ámbito académico y en términos de experiencia profesional.

Permítanme compartir con ustedes lectores algunas de las notas que allí presenté.

No es un secreto que la interdependencia económica global del último medio siglo ha convertido al planeta en un megaespacio en que las fronteras se han desdibujado aceleradamente. A pesar de que los estados nacionales aún mantienen cierto margen de maniobra cada vez más disminuido, los mercados de capitales y sus efectos imprimen su ritmo al mundo, nos guste o no, y hasta tanto no exista un gobierno mundial -¡la utopía¡- habrá que contar con ese dato de la realidad.

La actual crisis financiera y fiscal es muestra patente de la profundidad y extensión de las interconexiones de la economía mundial. Una desregulación extrema y una marcada desintermediación financiera fue ambiente propicio para que conductas poco ortodoxas y hasta ilícitas condujeran al desmadre  que conocemos.

Hasta ahora el antídoto no ha sido consensuado, y quizás no lo veamos concretarse. El término medio en este campo no es de fácil diseño y mucho menos de instrumentación.

Se dice que en un día van y vienen por el planeta alrededor de 2.5 y 3 billones de dólares, buscando el lugar de mayor rentabilidad y escapando de entornos inseguros. La volatilidad es, sin duda, el signo en este universo financiero.

Frente a esta realidad, los países están a la caza de capitales para ponerlos al servicio de sus intereses de desarrollo, habida cuenta de la premisa de que la inversión extranjera (directa o indirecta) es beneficiosa, potencialmente positiva para el crecimiento económico, la transferencia de tecnologías y el combate de la pobreza.

Y para captar tales flujos de inversión, las naciones ávidas de ese dinero deben hacerse más atractivas, competitivas. Y sabemos que para serlo, son muchos los requisitos-estándares globalizados que se deben cumplir para salir airosos en esta competencia frenética.

Desde una expedita permisería, procedimientos burocráticos públicos abreviados, infraestructuras públicas en buenas condiciones, pasando por la disponibilidad de recursos humanos y educación actualizada, hasta una amplia seguridad pública, son temas que tienen que ver con la competitividad.

Uno de los rasgos que hacen un país más o menos atractivo, más o menos competitivo, para potenciales inversores, es la calidad y predictibilidad de su ordenamiento jurídico y de los entes encargados de resolver los litigios que pudieran presentarse. Así, la desconfianza en los tribunales nacionales ha llevado al establecimiento de instituciones nacionales e internacionales independientes de las que los gobiernos y las empresas puedan fiarse por su calidad técnica, imparcialidad y celeridad.

De este modo, el nivel de acatamiento a las leyes y los tratados internacionales, la vigencia plena de las garantías de los derechos humanos, de la propiedad privada, la estabilidad de leyes y políticas, la independencia de los poderes públicos, de los jueces, la “vocación de respeto del ordenamiento jurídico” (Muci Abraham dixit) por parte del funcionario, en fin, la fortaleza del Estado de derecho, son los criterios definitorios, en principio, de la llamada seguridad jurídica, lo que en el fondo, no es más que la confianza que se tenga en un entorno nacional determinado.

Confianza es la palabra clave. Quien confía en otro es muy probable que sepa lo  que éste hará en una determinada circunstancia. Ser confiable es ser predecible. La confianza, en gran parte, reduce la incertidumbre.

Lo contrario, la desconfianza, genera costos, mayores esfuerzos, y tiende a producir inacción o no cooperación entre actores sociales y económicos que buscan obtener algún beneficio de alguna actividad.

No obstante, a pesar de la confiabilidad, es imprescindible que intervenga un mecanismo regulador formal.

El derecho, como señala Fernando Atria, estabiliza las expectativas, reforzando los incentivos para la cooperación. Nos dice Atria: “Cuando un sujeto de derecho se encuentra con otro, no es necesario que exista confianza entre ellos. El derecho provee todo lo necesario, en cuanto a la reducción de contingencia, para permitir la relación de ambos sin necesidad de que cada uno de ellos confíe en que el otro actuará de acuerdo con una norma moral”.

Por otro lado, Marcelo Bergman señala acertadamente que “la confianza no es producto de la virtuosidad de la norma sino de la probabilidad de su aplicación. Lo que genera confianza y apuntala el Estado de derecho no es la bondad de la norma jurídica sino su ejecutabilidad.” Lo que en inglés se llama “enforcement.” Así, “la confianza está determinada por la probabilidad del cumplimiento.”

Así, la confianza institucionalizada, cuando existe, es señal de desarrollo, de modernidad de un país.

Dicho lo anterior, un país tendrá mayor o menor seguridad jurídica en la medida en que haya mayor o menor confianza en el ordenamiento jurídico y las instituciones que lo aplican. Porque el Estado de derecho es el marco institucional que debe garantizar y proteger los derechos de manera predecible y efectiva.

En Venezuela bajo el gobierno actual las políticas, acciones y regulación tienen un sesgo ideológico, a mi juicio, espantador de inversiones. Las instituciones que levantó la democracia civil están descalabradas. El marcado intervencionismo estatal en todos los sectores económicos y su orientación colectivista, se han reflejado en el entramado jurídico interno, inhibiendo las inversiones y destruyendo las existentes. La seguridad jurídica brilla por sus ausencia.

En cualquiera de los índices de organismos internacionales que se revise, nuestro país, lastimosamente, está ubicado en el furgón de cola, acompañado de las naciones más rezagadas de África. Desde el Banco Mundial, pasando por Transparencia Internacional, CEPAL, Freedom House, hasta las calificadoras de riesgo, su performance en los últimos años es deplorable.

Las inversiones han caído sostenidamente, y en 2010 tuvimos una cifra negativa: - 1.404 millones de dólares. No hay incentivos de ninguna naturaleza para captar capitales, en momentos en que andan buscando oportunidades en países emergentes. Al contrario, expulsamos capitales y obstaculizamos, entre otras cosas, la remisión de utilidades a que tienen derecho las empresas extranjeras, gracias a mecanismos cada vez más perversos como CADIVI.

El próximo gobierno deberá instalar un clima de negocios diferente. Deberá transmitir confianza en las políticas que ejecute, en las leyes que promueva, y en las  instituciones públicas que estén bajo su responsabilidad; todo en el entendido de que sólo políticas estables y predecibles, normativas  claras y aplicadas, y unos poderes cuya actuación sea conforme a derecho, son los elementos necesarios para una inserción fructífera en los circuitos de la economía internacional y para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones.

EMILIO NOUEL V.