Uno de los muchos daños que el régimen de Chávez le ha infligido a la cultura política del país, es la aceptabilidad natural de la amalgama entre la función pública y el proselitismo político-partisano. Daño que esperemos no sea irreparable o irreversible.

La tentación de aprovechar el poder del Estado en función de una determinada parcialidad política, es tan antigua entre nosotros como la democracia misma. Y en el siglo XXI, desde luego, la entremezcla de gobierno, partido, funcionarios y activistas ha sido generalizada.

Pero lo más grave no es sólo eso, sino que muchos opositores emulan al oficialismo y, peor aún, que no se siente una crítica política, social o periodística al respecto.

El solapamiento de la actividad gubernativa y el trabajo partidista solía tener mala prensa en Venezuela. Incluso, la aspiración de separar ambas dimensiones llegó a convertirse en símbolo de una mejor y más transparente democracia. Por eso la Constitución de 1999 la consagró en el artículo 145, al establecer que "los funcionarios públicos y las funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna"... Acaso una de las letras más muertas de esa violentada Constitución.

Violentada, en primer lugar, por el régimen imperante que, todos los días, se empeña en fundir el desempeño gubernativo con el peseuvista, en un descaro que no puede ser más público y notorio. Y también por otras instancias de gobierno a nivel estadal y regional que son opositoras en muchos aspectos pero no es ése, pues no sólo los rojos confunden lo público-estatal con lo particular-partidario.

Pareciera que el fenómeno se hubiese naturalizado y ya formara parte de lo aceptable, esperable y hasta respetable de la dinámica política. Así, los equipos de gobierno no se diferencian de los comandos de campaña, como tampoco el personal administrativo de los cuadros de activismo, o las tareas y estrategias propias de cada ámbito...

Y ese camino, sin duda, tiende a llevar a la "confusión" más lesiva, la del erario público y los fondos de campaña. Nada de esto puede ser considerado un avance sino un retroceso en la manera de entender y practicar las responsabilidades de gobierno. Y un retroceso abismal.

Quizá su síntoma más lamentable es que el tema prácticamente no existe en la opinión pública. Lo normal no es noticia y esta tara se ha venido "normalizando" por obra del desmán y la emulación. En los nuevos tiempos que se anuncian, no debería ser así.

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