Entre el malabarismo de las estadísticas y la contundencia de las realidades parece moverse el hasta ahora frustrado intento de diálogo entre el Gobierno y el sector agropecuario nacional. Así se evidenció en el propio acto de presentación de Memoria y Cuenta del presidente Chávez a la Asamblea Nacional.

Del manejo de acusaciones, promesas e ilusiones, ha pasado el Gobierno a admitir su propia frustración frente a unos resultados muy distantes de sus propias expectativas y, más todavía, de la potencialidad y de las necesidades nacionales. El propio Presidente ha hecho reclamos, en más de una oportunidad, por los retrasos en los planes o la falta de eficiencia. La frustración entre los productores agrícolas es, obviamente, mayor. No es solamente la alteración de las cifras, sino la persistencia de políticas que lejos de reducir las debilidades del sector las incrementan: política de control de precios que desestimula la producción, falta de inversiones públicas en infraestructura, inseguridad personal y jurídica, falta de planificación para la entrega de fertilizantes, agroquímicos y semillas.

La agenda del Gobierno en materia agrícola ha estado marcada, desde sus inicios, por la complejidad, la acumulación de objetivos inalcanzables y la asunción de responsabilidades que no le correspondían. Anclado en viejas consignas inspiradas en la promesa de reivindicación histórica sobre la propiedad de la tierra, el Presidente optó por la vía de las expropiaciones, la acumulación en manos del Estado y la interferencia en todas las fases de la actividad agrícola. La combinación de Estado animador y ciudadano o empresa productores dio paso a la del Estado obstructor e intervencionista.

El resultado de esta aspiración absolutista de cubrirlo todo ha sido doble: el abandono de la actividad por parte de los agricultores tradicionales y la acción directa del Gobierno para convertirse en el gran productor. La consecuencia combinada de estos dos fenómenos ha sido la reducción de la actividad agrícola y el fracaso de las políticas oficiales. El Estado descuidó las obligaciones que le son propias y entorpeció las del sector privado.

Paralelamente, o a consecuencia del fracaso, se propició un subsidio cambiario a la importación para beneficio de los importadores y de las cadenas de distribución y comercialización creadas por el Gobierno. La importación tumbó la producción y la productividad agrícola.

¡Cómo contrasta esta realidad con el ejemplo de Brasil! Hace 40 años Brasil asumió el reto de convertirse en una potencia agrícola. Hoy es el granero el mundo, especialmente del asiático, con el estado de Mato Grosso como símbolo del milagro brasileño. Su agricultura es reconocida mundialmente como una de las más competitivas y capaces de actuar en escala global. Sus herramientas han sido la innovación y la productividad. Optó por una agricultura extensiva e intensiva, el fomento de nuevas semillas, la incorporación de enormes extensiones para el cultivo, la concentración de sus inversiones en investigación, infraestructura y formación de especialistas. Frente al modelo de subsidios apostó por el de la competitividad; y frente al del Estado intervencionista, por el fortalecimiento de los mecanismos de mercado, la ampliación de la participación de la iniciativa privada, la sustentación de los precios agrícolas, el aumento de las inversiones en tecnología, la modernización del sistema de seguro rural y la creación de un sistema de crédito diferenciado para pequeños agricultores.

En Venezuela se plantea nuevamente el diálogo como camino a las soluciones. Lo han propuesto Hiram Gaviria y los productores. Al presidente Chávez le ha parecido buena idea. Será eficaz si genera un diagnóstico realista, y si las soluciones apuntan a un modelo de Estado animador, concentrado en la promoción de la agroindustria mediante actividades de alta rentabilidad social, y a un sector privado ocupado de la rentabilidad económica en un marco de responsabilidad social y competitividad.

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