El objetivo de la ley de costos, y la de alquileres, es uno: construir el mensaje de que si hay inflación y no hay dónde vivir, es porque hay criminales actuando.

La propiedad es un crimen, y el Estado se realiza en su poder represivo desertando de su responsabilidad en el calamitoso proyecto económico que ha puesto en obra. Los fabricantes de estas leyes saben perfectamente bien, aunque no quieran reconocerlo ni en su fuero más íntimo, que han actuado con espíritu iatrogénico: esta medicina terminará de matar al paciente. Pero importa más el beneficio inmediato, esa alegría de tísico tan característica: parte de la clientela del chavismo querrá creer que es por falta de represión que las cosas van tan mal, así como otra parte buscará la forma de beneficiarse sustituyendo a los que salgan del (escuálido) mercado.

Lo que importa es la creación de una excepcionalidad que la ley misma genera por el espíritu arbitrario que las anima. Con estas leyes se instituye el privilegio, signado por la lealtad más atrabiliaria, la de la complicidad en el enriquecimiento y el empoderamiento vil de una oligarquía.

Así, pues, no hay nada en esta historia que tenga que ver con doctrinas económicas o de ninguna otra índole, sino con una concepción de la legalidad que desprecia el punto de vista universal y sólo entiende la ley como la del más fuerte, como aquello que conviene al poder mismo. Es Calicles hablando en el Gorgias de Platón. Y esa concepción está presente en discursos y obras de este régimen desde su mismo principio, desde sus más remotos antecedentes, y no le debe nada a la conversión a los evangelios del socialismo.

Las reformas raulistas en Cuba son un ejemplo que por vía contraria lo demuestran: la transición hacia un capitalismo no tan de Estado está siendo controlada para que no altere el sistema de privilegios corporativos que se consolidó bajo el fidelismo, como lo explica en un magnífico artículo publicado en El País el escritor Rafael Rojas. Vía china de mercado sin democracia, con los mismos resultados: la corrupción esencial de los mercados, que dejan de ser una institución para el encuentro de oferta y demanda y se establecen como predios para la ampliada avaricia de la oligarquía, cansada ya del presunto ascetismo revolucionario.

De modo que la única diferencia entre capitalismo y comunismo vendría a ser que el costo de la represión en este último sistema se ha vuelto demasiado alto. El pensamiento políticamente "correcto" se desmarca de los regímenes obviamente represivos pero es muy tolerante con la imperfección de los mercados, viendo con simpatía las intervenciones de la mano peluda de los estamentos burocráticos en estas economías "chinas".

Ha habido voces de alerta dentro del mismo régimen que anticipan el mayor estrangulamiento económico que estas dos leyes van a provocar (y que ningún sistema de subsidio, sea por la vía de la asignación directa o por la vía del subsidio cambiario, va a aliviar). Están pensando en las consecuencias electorales, claro. Y en realidad, es en esa dimensión que hay que explicarlas: en el primitivo esquema con el que el régimen está intentando construir una campaña, es esencial mantener la división frente a la unión, como también lo es promover un relato que asigne culpas y crímenes (además del expediente penal con que se consuma la represión selectiva). Pero, como pasó en 2007 y en 2010, quedará claro que esas narrativas en nada divierten del drama cotidiano que nos azota.

@cocap