Las expresiones y términos "erradicación de la impunidad", "justicia", "reconciliación" y paz son una constante en las declaraciones de los dirigentes políticos y de los analistas en los últimos días. Son conceptos estrechamente vinculados entre sí, en los cuales reposa necesariamente la paz y la tranquilidad de una sociedad, esenciales para el progreso y el bienestar. No puede haber paz si no hay reconciliación; tampoco justicia, si no se erradica la impunidad, y no habrá reconciliación ni paz si no hay justicia y si no se elimina la impunidad entendida ésta como falta de castigo.

La impunidad reina en el país, sobre todo cuando los responsables son afectos al régimen. Aquellos que agreden física y verbalmente a los dirigentes políticos de la oposición, usan los medios del Estado para difamar y atacar a quienes se oponen a la locura comunista del siglo XXI, incentivan el odio y promueven la división del país y usan las instituciones del Estado para perseguir, encarcelar y torturar física y moralmente a algunos gozan de la más absoluta impunidad. Por el contrario, los procesos penales, administrativos y otros, basados en consideraciones políticas, para "acabar" con los opositores, abundan. Una justicia sesgada, peligrosamente concebida como política de Estado.

Los delitos comunes no son debidamente castigados, por lo cual la violencia se ha generalizado en el país. Menos aún se investiga, se procesa y se castiga cuando se trata de violación sistemática y generalizada de los derechos humanos.

Las instituciones del Estado no funcionan o funcionan con fines políticos. Al ciudadano común le queda sólo el recurso de los órganos internacionales de derechos humanos, cuyas decisiones son ignoradas por un Ejecutivo forajido que irrespeta la Constitución y las leyes de la república.

Hay, sin embargo, ante los crímenes de trascendencia internacional, como el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, la posibilidad de recurrir a la jurisdicción penal internacional cuando los tribunales y demás órganos del Estado no funcionan adecuadamente. La competencia de tribunales internacionales, complementaria de las jurisdicciones nacionales, es la herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad por la ejecución de esos crímenes.

Los responsables de los delitos y de los crímenes deben ser procesados y castigados. Se trata no solamente de quien ejecute el crimen, sino de quien lo ordene, proponga o induzca a su comisión. Las declaraciones públicas de algunos son evidentes. Igual, los encubridores, los cómplices y los colaboradores que abundan apegados a intereses perversos de distinta índole. Serían responsables también quienes ordenan perseguir y hacer sufrir física y moralmente a una parte de la población por razones políticas o ideológicas; quienes en alocuciones públicas o a través de los medios de información inducen a la realización de un crimen; quienes ejecutan órdenes para agredir, torturar, someter a otros tratos inhumanos o degradantes a un grupo determinado de personas, y para confiscar sus bienes, como políticas oficiales sistemáticas y generalizadas. No son menos responsables quienes, ignorando sus responsabilidades, dejan de actuar para impedir la realización de un crimen.

Los criminales deben ser procesados y castigados conforme a derecho por los tribunales nacionales, si ello es posible, o por los internacionales, en forma complementaria, si los primeros no funcionan adecuadamente. Ello es indispensable para prevenir nuevos crímenes. Tal como lo expresó la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Resolución 1999/34): "La práctica y la expectativa de impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos o del derecho humanitario internacional alientan esas violaciones y son uno de los obstáculos fundamentales para la observancia de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional y para la plena aplicación de los instrumentos internacionales...".

No se trata de "vendetta" ni de "retaliación", a las que nos han acostumbrado los revolucionarios bolivarianos en el poder por ahora. Se trata, simplemente, de la aplicación de la justicia, un factor clave para lograr la reconciliación nacional, la estabilidad, la paz y el progreso que vendrá más temprano que tarde, después del desastre.

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