Hoy podemos hablar con propiedad de una universidad autónoma sitiada fundamentalmente por el actual régimen. Nos referimos a la institución universitaria que, no obstante su autonomía consagrada en el artículo 109 de la vigente Constitución, desde hace varios años es asediada de distintas maneras por el Gobierno y las instituciones del Estado secuestradas por éste, con el propósito de desestabilizarla y subordinarla a su proyecto político.

Ese cerco, que se practica de modo sistemático conjuntamente con el acoso moral y psicológico para descalificar e intimidar, sin duda obstaculiza el ejercicio de la autonomía universitaria, con efectos perversos, incluso, en la capacidad de respuesta y movilización de la comunidad universitaria para hacerle frente.

Si hablamos en sentido figurado de una universidad autónoma sitiada es porque han sido y aún son evidentes varias acciones gubernamentales y del Estado que buscan afanosamente poner a esa institución educativa en una situación tal que la lleve forzosamente a ceder ante lo que le exigen quienes hoy en el país concentran en sus manos un enorme poder: en este caso, transformarse en una especie de agencia del Gobierno, es decir, en una universidad alineada incondicionalmente con el denominado socialismo del siglo XXI.

Acerca de esas acciones, dirigidas a una institución convertida en enemigo político por parte del régimen, ya hemos escrito bastante en este mismo espacio en otras ocasiones. En esta oportunidad cabe destacar, sin embargo, dos de ellas.

En primer lugar, la insistencia gubernamental en proceder de modo arbitrario e injusto en la asignación de presupuestos deficitarios a nuestras universidades, lo que obliga a éstas a mantenerse en un estado de grandes y peligrosas restricciones en el cumplimiento de sus funciones. Así, una vez más, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, sin respetar, además, lo previsto en el artículo 7 de la vigente Ley de Universidades, unilateralmente le asignó a cada una de nuestras universidades autónomas para el año 2012 una cuota presupuestaria muy por debajo del monto solicitado por las mismas, incluso sin tomar en consideración la tasa de inflación respectiva.

En segundo lugar, observamos las arbitrarias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, órgano del poder público que ha encontrado en la LOE, tanto en su texto como en sus vacíos, un instrumento para violar la autonomía universitaria y arrinconar a nuestras instituciones. Además de lo ocurrido con la ilegal y anticonstitucional suspensión de las elecciones decanales en varias universidades por orden suya, recientemente cometió otra tropelía: procedió a imponerle al Consejo Universitario de la UCV la anulación y modificación de varios artículos del Reglamento del Personal Docente y de Investigación de esa casa de estudios, lo que dio lugar a graves confusiones e incertidumbres en lo que respecta a la realización de los concursos de oposición y a la discusión de los trabajos de ascenso de los docentes.

Sin duda, la situación universitaria del país es de extrema gravedad en el presente, pero lo sería aún más si los universitarios nos empeñamos en evadirnos de la realidad, al confundir nuestros deseos e intereses particulares con ésta, o al negar el alcance y la magnitud de los efectos de esos hechos en la vida cotidiana de nuestras instituciones. Igualmente terrible sería que ante tales problemas asumiéramos una conducta carente de integridad, con la prédica de aquello que precisamente no se lleva a la práctica, cuando, por ejemplo, se habla de la necesidad de defender la universidad autónoma y democrática, pero se emiten opiniones y toman decisiones que vulneran el legítimo derecho de cada cual de ejercer la crítica y de tener pensamiento propio.

De ocurrir esto, entonces sería también una manera de sitiar la universidad desde adentro.

(*) Ex vicerrector académico UCV

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