El artículo comparte la propuesta técnica formulada por tres destacados economistas venezolanos para la reconstrucción del país tras los sismos que nos han sacudido recientemente. 

Cuando el suelo se abrió, no fue solo La Guaira la que se quebró, también se resquebrajó, una vez más, la frágil y casi inexistente arquitectura política e institucional que desde hace años sostiene al país, que se traslada a la transición, con más cansancio que firmeza. 

Entre los escombros hay una pregunta. La historia la hace en voz baja, pero la hace. No basta con reparar muros. Antes hay que reconstruir un pacto mínimo, uno que permita atender la emergencia y empezar la reconstrucción sin convertirla en otra batalla por las cenizas del poder.

Venezuela está ahí, de pie ante lo destruido. Pero la urgencia de reparar no es la pregunta más difícil. La pregunta más difícil es otra: cómo se construye autoridad en medio de una crisis de legitimidad que no termina. Y cómo se construye sin esperar una perfección institucional que no existe, que nunca existió, que no va a llegar por sí sola.

Desde la mirada de las víctimas y de los sobrevivientes, la respuesta es simple. La reconstrucción no puede quedar al final de la política, como una recompensa tardía. Debe entrar desde el principio, como parte de la solución. El 1 de agosto, cuando comiencen las reuniones entre el gobierno y los actores de la oposición designados por Washington, la reconstrucción debe estar ya sobre la mesa. No como anexo. Como uno de los ejes. Esperar una institucionalidad impecable para recién entonces gobernar la emergencia sería condenar al país a la parálisis, y a los sobrevivientes, al olvido.

Con el ánimo de contribuir a esta tarea impostergable, tres economistas venezolanos¹ hemos elaborado una propuesta técnica de reconstrucción que busca servir como un punto de partida pragmático para el diálogo. Este trabajo no pretende ser una solución definitiva, sino un insumo riguroso y viable para que el gobierno y la oposición puedan incorporar la dimensión económica y social de la reconstrucción, así como la ayuda a las víctimas de los terremotos, desde la primera jornada de negociaciones. Los detalles del documento, sus ejes estratégicos y los mecanismos sugeridos para su implementación pueden consultarse aquí.

Conviene mirar a los jugadores tal como son. Cualquier esquema que los ignore quedará en letra muerta.

Primero está el gobierno. El gobierno que conduce la transición no es un administrador neutral. Aspira, abiertamente, a permanecer en el poder. Controla el aparato del Estado, las fuerzas de seguridad, el territorio. Juzgará cada pieza del esquema según avance o amenace ese objetivo. Eso es lo que hace. Eso es lo que hará.

Después está la oposición. Cuenta con un respaldo popular mayoritario, real, verificable. Pero carece de poder institucional: las instituciones están capturadas por el gobierno. Su único capital es la legitimidad social, y la llave que esa legitimidad representa para los donantes y para las comunidades.

Luego está Estados Unidos, que ejerce una tutela de facto sobre una transición diseñada por ellos. Tiene intereses propios y no los oculta: energía, posicionamiento de sus empresas, con control efectivo de las palancas financieras decisivas, sanciones, licencias y activos congelados.

Y está la ONU, con sus agencias. Operativamente indispensables, son percibidas como demasiado cercanas al gobierno de transición. No pueden fungir con credibilidad como árbitro o certificador único.

El esquema, entonces, no puede descansar en la confianza entre las partes, porque no la hay. Ni en la imparcialidad de un árbitro, porque ninguno de los candidatos disponibles es aceptado por todos. Debe descansar en otra cosa: en una arquitectura de incentivos entrelazados, donde cada actor controle un recurso que los demás necesitan y nadie pueda capturar el proceso completo. Todos vigilan a todos. Esa es la garantía.

La historia ofrece sus expedientes. Las reconstrucciones que avanzan no esperan una legitimidad perfecta: la fabrican. Aceh, en Indonesia (tsunami de 2004), un desastre puede abrir una ventana política si hay una mesa preparada, un mediador aceptado y una sola agencia con mando técnico. Haití (terremoto de 2010), rodear al Estado fragmenta la ayuda y castiga a la población. Myanmar (ciclón Nargis, 2008), cuando la potencia central resulta tóxica, hace falta un intermediario regional. Líbano (explosión del puerto de Beirut, 2020), la condicionalidad sin incentivos paraliza. La conclusión es una sola, y es inevitable; la institucionalidad no surge por sí sola. Hay que construir la mínima, la que está asociada a la ejecución, la que la vuelve posible.

Lo necesario, por tanto, es una institucionalidad concreta. Limitada, pero operativa. Capaz de hacer posible la gobernanza, entendiendo los intereses, construyendo los incentivos,mientras la política sigue disputándose el resto. Su premisa es modesta, y por eso funciona: no pedirle a nadie ser mejor de lo que es.

La clave es un equilibrio incómodo, pero realista. El gobierno ejecuta, en un modelo híbrido, porque es el único con presencia territorial y maquinaria estatal, pero no maneja los recursos. Los recursos van a un fideicomiso independiente, con auditoría internacional, control plural y desembolsos atados a verificaciones claras. La oposición certifica. Los donantes reciben garantías. Las comunidades, una ruta visible de reparación. Nadie se queda con el país entero en las manos, precisamente porque todos lo necesitan.

Esa es la lógica profunda del mecanismo, convertir la desconfianza en diseño. Hacer que cooperar sea más rentable que bloquear. Darle a cada actor una razón concreta para sostener el proceso, y no para destruirlo. Por eso la evaluación de daños no es un trámite técnico. Es el primer acto político de la reconstrucción. Sin una cifra compartida no hay financiamiento serio ni prioridades creíbles. Antes de levantar edificios, hay que levantar la verdad.

Venezuela no necesita solo recursos. Necesita un orden de reconstrucción. Y ese orden debe nacer ahora, porque la política abrió una ventana, y las ventanas se cierran. El mantra es simple, casi una regla de juego: quien ejecuta no paga, quien paga no ejecuta, y quien certifica ni paga ni ejecuta.

Al final, después del ruido, de las cifras y del luto, queda la pregunta desnuda: qué clase de país se decide levantar entre los restos. Tal vez sea allí, precisamente en medio de lasgrietas, donde todavía pueda nacer algo distinto: una institucionalidad definitiva. Hay que decidir si, esta vez, lo que se levanta también puede sostenerse.

Descarga la propuesta técnica, aquí

|1|: Rodolfo J. Méndez, José Pineda y Giovanni Di Placido. Los autores son Economista egresados de la UCV con prestigiosas carreras académicas y profesionales internacionales.