La redistribución en Venezuela ha estado marcada por el asistencialismo, la captura institucional y la despolitización ciudadana.

“La desigualdad afecta negativamente el crecimiento económico de un país” 

(Ortega, 2003)

En un trabajo escrito por un brillante economista, Daniel E. Ortega A. profesor del IESA (https://qrcd.org/95Ek), “¿Por qué la desigualdad importa para el desempeño económico?” (Ortega, 2003)[2].. En el artículo revisa teorías y evidencia empírica sobre cómo la desigualdad —especialmente en la distribución de la riqueza— afecta negativamente el crecimiento económico. Ortega argumenta que reducir la desigualdad no solo es éticamente deseable, sino también económicamente eficiente.

En un trabajo más reciente Ortega (2021)[3] señala: “La desigualdad elevada y persistente es casi sinónimo de desigualdad de oportunidades”, también señala que  un estancamiento del desarrollo de oportunidades, es decir, en un contexto de estancamiento en la desigualdad, esto puede generar mayor conflictualidad en países, donde ha habido una importante etapa de mejoramiento en ingresos, e igualdad, que en países que han estado en mayor permanencia en el estancamiento y retroceso económico que los mantiene en mayor desigualdad.

Esta idea nos podría hacer entender eventos como el Caracazo que fue una serie de protestas y disturbios ocurridos en Venezuela el 27 y 28 de febrero de 1989, principalmente en Caracas y otras ciudades importantes, como respuesta a las medidas económicas impuestas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Así como los eventos ocurridos en Chile y Colombia en el 2021[4]. Eventos ocurridos en etapas donde estos países se encontraban en momentos que les avizoraba un futuro de oportunidades. Pero que un “estancamiento de la reducción de la desigualdad observado a partir de 2013 puede haber dado lugar a la frustración de la ciudadanía que había visto mejorar sus posibilidades de progreso durante la primera década de los 2000. Esto subraya la importancia de la agenda de inclusión no solo para la estabilidad de la región sino para sus posibilidades de desarrollo de largo plazo” (Ortega, 2021).

La idea central de este trabajo es que la desigualdad no solo afecta el bienestar material, sino también la percepción subjetiva de justicia, pertenencia y libertad. Ortega (2021) argumenta que las brechas sociales influyen en decisiones individuales y colectivas, y que el estancamiento en la reducción de la desigualdad en América Latina ha generado frustración ciudadana, debilitando la cohesión social y las posibilidades de desarrollo.

Podemos repensar en la crisis institucional venezolana que ha puesto en evidencia no solo el colapso de estructuras políticas y económicas, sino también la erosión de los vínculos éticos que sostienen la vida democrática. En este contexto, el debate sobre la redistribución y la justicia social adquiere una urgencia renovada. ¿Cómo diseñar políticas redistributivas que no perpetúen la dependencia ni reproduzcan instituciones extractivas? ¿Qué marco teórico permite articular eficiencia económica, equidad y sentido ético de comunidad?

La redistribución en Venezuela ha estado marcada por el asistencialismo, la captura institucional y la despolitización ciudadana. Las transferencias económicas, lejos de empoderar, han generado dependencia y debilitado el tejido social. Al mismo tiempo, la desigualdad estructural en el acceso a educación, salud, tierra y participación política ha limitado las posibilidades de desarrollo humano.

Amartya Sen propone que el desarrollo debe medirse por la capacidad real de las personas para llevar vidas que valoran, no por el ingreso (Sen, 1999)[5]. Su enfoque pluralista y contextual se basa en los conceptos de “functionings” (ser y hacer valioso) y capacidades (libertades reales para alcanzarlos). La pobreza, en este marco, es privación de capacidades, y la justicia social exige expandirlas. Sen no impone una noción única de “vida valiosa”; su enfoque es pluralista y contextual. La evaluación de capacidades requiere interpretar las condiciones sociales, culturales y políticas que permiten o restringen la libertad.

Michael Sandel critica el liberalismo neutral y propone una justicia arraigada en la comunidad, la historia y los vínculos morales (Sandel, 2009)[6]. Inspirado en Aristóteles, defiende que la justicia implica dar a cada quien lo que merece, según su contribución y virtud. Advierte que hemos pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado, donde todo se compra y se vende, erosionando valores cívicos.

Sandel reivindica el diálogo público ético y la interpretación de los bienes comunes. Ha influido en políticas como los debates deliberativos constitucionales, la educación cívica y la regulación ética de los mercados.

Desde estos puntos de vista la desigualdad, el crecimiento y el desarrollo no son solo es un problema técnico, sino ético e institucional: ¿cómo redistribuir sin infantilizar al ciudadano? ¿Cómo reconstruir instituciones que no extraigan rentas, sino que promuevan capacidades y vínculos morales?

El desarrollo articulado del país no es solamente un problema teórico sino también un problema práctico.

Inspirados en Sen, el problema no es redistribuir ingresos, sino fortalecer capacidades. De ahí se propone una redistribución que iguale oportunidades desde la infancia, mediante educación pública de calidad, salud universal y acceso a activos productivos. Esto implica superar el asistencialismo y diseñar políticas que premien el esfuerzo, la capacitación y el ahorro.

Inspirados en Sandel, el planteamiento es fortalecer la virtud cívica y el sentido de comunidad. Para Sandel, la justicia social requiere reconstruir los vínculos éticos que sostienen la vida democrática. Esto implica fomentar el debate público, la participación ciudadana y la educación en valores cívicos. La redistribución no debe ser una transacción, sino una reciprocidad democrática.

Ambos enfoques (Sen y Sandel) coinciden en que la justicia social exige instituciones inclusivas. En Venezuela, esto implica reformas fiscales progresivas, transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de participación. La redistribución debe ir acompañada de una transformación institucional que empodere al ciudadano. Que focalicemos las políticas públicas en los grupos humanos socialmente débiles y dejar que el tejido productivo y el tejido social se desarrolle y no sean una extensión tejido clientelar.

Amartya Sen y Michael Sandel ofrecen claves teóricas y prácticas para repensar la redistribución y la justicia social en Venezuela desde una perspectiva hermenéutica. Sen nos invita a expandir las capacidades reales de las personas como base del desarrollo humano, mientras Sandel nos recuerda que la justicia exige vínculos morales, virtud cívica y deliberación pública. Ambos coinciden en que la transformación institucional no puede ser meramente técnica, sino profundamente ética.

En un país marcado por la desigualdad y la captura institucional, estas ideas ofrecen un horizonte para reconstruir políticas libertarias, instituciones inclusivas y una ciudadanía activa capaz de re-imaginar el sentido de lo público.