El “renovado” interés en las fiscalizaciones llevadas a cabo por la SUNDDE -cuya ley según el presidente de la República resulta

caduca- y otros entes del estado, muestra debilidades y contradicciones políticas difíciles de superar por la actual gestión de gobierno.

Asimismo, da cuenta del débil marco institucional y regulatorio vigente que no permite alinear el interés privado con el interés público y debilita el estado de derecho y los derechos de propiedad.

Dichas inspecciones heredadas de la época del control de cambio y del otorgamiento discrecional de divisas oficiales y subsidiadas, cuesta encontrarles racional normativo y económico. Con anterioridad, un mal y débil diseño y peor administración del régimen cambiario, le “facilitaba” al gobierno y a sus entes regulatorios, “interesarse” por el uso de las divisas subsidiadas, entre otros en la formación y nivel de precios de los bienes y servicios que habrían utilizado por “insumo” las divisas oficiales.

¿Cuál constituiría el asidero actual, especialmente después de haber vivido el efecto de desabastecimiento que produjeron los estrictos controles de precios que ni siquiera ponderaban costos de reposición?

Este caso puntual ilustra muy bien la debilidad e imperfección natural de cualquier regulador y en específico de los controles de precios:

1.- Primero, en el caso que el tipo de cambio del BCV resulte superior a aquel al que efectivamente acceden los empresarios para reponer mercancía, se estaría facilitando un focal point para fijar precios superiores a los que determinaría el libre juego de la oferta y la demanda (nótese que en el caso de un mercado monopólico, la empresa no querrá fijar precios según el tipo de cambio del BCV porque lejos de otorgarle rentas por sobreprecio, le destruiría beneficio en comparación al precio de monopolio que habría fijado previa y libremente).

2.- Segundo, en el caso que el tipo de cambio del BCV resulte inferior a aquel al que efectivamente acceden los empresarios para reponer mercancía, se le estaría pinzando los márgenes a los empresarios, dificultando su mantenimiento en el mercado y fomentando la escasez y el desabastecimiento.

En este orden de ideas, la herencia de controlar precios según el tipo de cambio del BCV puede generar dos situaciones, ambas contraproducentes y en detrimento del funcionamiento eficiente de los mercados y del bienestar social.

Alternativamente, ante el riesgo regulatorio, fijar precios en dólares a niveles superiores para compensar la brecha que pueda haber entre el dólar en el mercado al cual efectivamente las empresas terminan teniendo acceso y el dólar oficial del BCV, muestra la inocuidad cuando no la capacidad distorsionante de dicha medida “regulatoria”.

Exigir el cumplimiento del tipo de cambio oficial del BCV muestra falta de comprensión del funcionamiento de los mercados y de los procesos de formación de precios, aunado a pretender atacar síntomas de problemas derivados de temas monetarios, fiscales y de confianza contra la moneda doméstica sin atender las causas; lo que constituye un pésimo signalling en contra de la inversión y la recuperación económica.

Todo lo anterior contradice el discurso de apertura, recuperación y llamado a la inversión y a la reactivación del sector económico privado en Venezuela.