El Ejecutivo Nacional en el marco de la presentación de la Ley de Endeudamiento 2022, asomó la necesidad de utilizar

la vía de financiamiento vía endeudamiento para desarrollar una “economía de mantenimiento”, específicamente refiriéndose a los servicios públicos como agua y electricidad.

Aún cuando falta información detallada respectó a los proyectos mencionados por el Ejecutivo Nacional, las consignas oficiales asoman un enfoque preocupante, referido específicamente a cómo se ha administrado y se han venido prestando los servicios públicos de red en Venezuela. Al respecto haremos una serie de reflexiones:

Primero, tal termino de “economía del mantenimiento” si bien parece reconocer el enorme deterioro de los operadores públicos y de la prestación de los servicios públicos en Venezuela, entre los mencionados por el Ejecutivo Nacional, agua y electricidad; asoma un enfoque erróneo de modelo de prestación de los servicios públicos que resulta recurrente al utilizado en el pasado (no podemos pretender resultados distintos si hacemos las cosas siempre del mismo modo).

Segundo, la ausencia en el discurso oficial de temas importantes como la propiedad de los prestadores, una fuente de financiamiento de los servicios basada en corresponsabilidad del usuario y la eficiencia, y evitar distorsiones de precios relativos y del consumo de los servicios con consecuencias sobre el endeudamiento y el déficit fiscal resulta preocupante.

Tercero, los servicios públicos aún cuando resulta innegable su importancia e incidencia en el desarrollo económico y en la calidad de vida de los ciudadanos, revisten características de un bien de consumo privado, lo que implica que resulta factible y deseable que la principal fuente de su financiamiento sea vía tarifas por medio de las cuales los usuarios asumen corresponsabilidad de los costos generados para llevarles el servicio.

Violar principios de corresponsabilidad pone en riesgo la eficiencia por medio de la cual se prestan los servicios públicos de red, pone en riesgo la viabilidad de los prestadores así como recursos públicos y aumenta la presión fiscal y el endeudamiento.

Adicionalmente, el enfoque oficial que parece asomarse y que poco se diferencia de lo que se ha hecho a lo largo de la presente administración dificulta la gestión de la prestación de los servicios por introducir difusos objetivos de acceso, que en el caso venezolano se evidencia que terminan siendo insostenibles.

Cuarto, lo anterior resulta relevante porque existen alternativas de política y mecanismos para atender objetivos de equidad sin distorsionar los precios relativos. Asimismo, en materia tarifaria existen alternativas progresivas como los Menu Pricing basados en principios de precios de Ramsey o incluso el uso de tarifas por bloques crecientes para racionalizar el consumo.

Quinto, el financiamiento vía endeudamiento finalmente tendrá que ser pagado vía tributaria o monetariamente, con lo que en el primer caso cabe preguntarse por qué utilizar un subsidio intergeneracional cuando no se ha respetado siquiera principio alguno de corresponsabilidad, y en el segundo caso preocupa continuar con el círculo vicioso deficit-inflación.

Sexto, los problemas de acceso y de sostenimiento vía tarifas que se deriva de la pérdida del poder de compra de la moneda, sueldos y salarios, no estaría resolviéndose vía endeudamiento, sino “postergándose” o aumentando la “bola de nieve” inflacionaria. De hecho, habría que valorar que el financiamiento se encuentra restringido para el Gobierno, por lo que lo más seguro es que estemos hablando de déficit monetízable e inflacionario.

Un modelo de prestación de los servicios públicos eficiente y sostenible exige un enfoque económico técnico que continúa brillando por su ausencia en Venezuela.