Es una práctica corriente y ampliamente extendida en el mundo moderno que los Estados gasten más dinero de lo que recaudan debido a los compromisos políticos y sociales que asumen. Cuando un gobierno se endeuda ocurre lo mismo que cuando lo hace una persona, familia o empresa: el contraer deudas le permite gastar más en el presente. ¿Qué es lo que haría una familia en esa situación?
Lógicamente procuraría disminuir los gastos (e incrementar los ingresos, si es posible) para saldar sus deudas. Esto, que resulta tan evidente para familias y empresas, no lo es si se trata del Estado.

Los gobiernos tienen una clara tendencia y preferencia a financiar sus gastos con deuda. De esta manera pueden gastar todo lo que quieran en el presente, sin preocuparse mucho por las futuras consecuencias.

La forma de obtener financiación de los gobiernos es obteniendo préstamos o emitiendo bonos. En el primer caso, los gobiernos recurren a una institución financiera para obtener un préstamo, que tendrá derecho posteriormente a demandar el capital más un interés determinado. Los bonos son títulos de la deuda pública de un país emitidos por la tesorería del Estado que devengan un interés fijo y son emitidos a largo plazo (aunque existe una gran cantidad de variantes al respecto). Al vencimiento se paga al poseedor su valor nominal. Debido al gran peso de las deudas contraídas, es habitual que, entre los gastos del Estado, se incluya una considerable partida dedicada al pago de los intereses y del capital de la deuda asumida.

En el caso de Estados Unidos, Obama se gastó 3,2 billones de dólares para llevar a cabo sus grandes planes y rescates financieros. No ha alcanzado los objetivos que se proponía, pero sí ha conseguido tener un desequilibrio presupuestario memorable. El déficit público se ha disparado y ha alcanzado cifras históricas. Para hacer frente a este déficit, el Gobierno federal va a tener que emitir nueva deuda pública y pedir prestado al exterior una enorme cantidad de dinero para hacer frente a la necesidad de financiación sin precedentes.

La deuda pública se puede clasificar en interna o externa. La primera es aquella cuyos acreedores son ciudadanos del propio país, mientras que la segunda es la que está en poder de acreedores extranjeros. También suele darse el nombre de deuda externa a la denominada en moneda extranjera. La principal diferencia entre tener deuda en moneda extranjera o local es que en el segundo caso se puede recurrir a emisiones suplementarias de moneda nacional para atenderla. Esta "licuación" hace que exista una presión de tipo inflacionario, ya que las emisiones se producen sin respaldo de bienes producidos por el país.
En el caso de Estados Unidos, China es el principal acreedor del gobierno estadounidense junto con Japón. El

Gobierno chino ha considerado en el pasado que los bonos del Tesoro americano eran buenos activos (sino los mejores) para invertir en ellos. Sin embargo, la desastrosa política económica llevada a cabo por las autoridades monetarias estadounidenses, ha hecho que el dólar se deprecie enormemente. Esto condujo a que los chinos empiecen a desconfiar en los bonos del Tesoro americano, ya que prevén que los beneficios serán cada vez menores. Lógicamente, China reducirá su compra de activos estadounidenses nominados en dólares; su tenencia de bonos irá en descenso; y diversificará sus activos con el objetivo de no tener demasiada deuda pública americana. Si los inversores extranjeros son incapaces de absorber la creciente oferta de bonos por parte del Tesoro, Estados Unidos tendría un serio problema justo en el momento en que se enfrenta a la mayor necesidad de financiación de toda su historia.

Los gobiernos pueden seguir incrementando su deuda hasta que no haya nadie capaz o dispuesto a seguir prestándoles por el riesgo de incumplimiento. Es decir, los Estados también pueden caer en mora (default). Y es que las políticas keynesianas que abogaban por presupuestos deficitarios como remedio para activar el crecimiento económico han contribuido enormemente al endeudamiento y colapso de los Estados modernos.

(*): El autor es miembro del Instituto Juan de Mariana, España

Fuente: AIPE/2001