”Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla

a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.”

El régimen venezolano mantiene una ola represiva  de intimidación y acoso, persecución generalizada, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y encarcelamiento contra miembros de partidos políticos, en especial, del partido Vente Venezuela,  y la sociedad civil en general que apoya con o desde  su trabajo u oficio el desplazamiento de los lideres en su campaña por todo el país.

María Corina Machado ha denunciado que al menos 37 personas de la oposición  han sido detenidas en lo que va de año, 20 de ellas directamente vinculadas al comando de campaña del candidato Edmundo González.  Pero esta cifra pudiera ser aun más abultada, ya que el régimen ha intentado secuestrar o detener arbitrariamente a otros  lideres y activistas, detenciones que no se han materializado porque las personas logran zafarse o porque la gente que está  alrededor de ellos los han protegido.

También han sucedido agresiones, amenazas, seguimientos y acosos personales en  residencias o lugar de trabajo de miembros de partidos políticos, personas reconocidas, influencer de redes sociales, periodistas, abogados y miembros de ONG, y mantienen una amenaza constante y silente contra familiares y presos políticos para callar cualquier denuncia de tratos crueles, inhumanos y degradantes que no han dejado de suceder.

La persecución generalizada y sistemática, las desapariciones forzadas temporales, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, son Crímenes de Lesa Humanidad que están siendo Investigados por la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela I.  Dichos crímenes continúan cometiéndose hoy día y denunciamos con gran preocupación, que la situación puede empeorar y los lideres, miembros de partidos, activistas, defensores, comunicadores sociales, y la sociedad civil en general que apoya una salida democrática, corren grave peligro, ya que la represión es ejercida, inducida y ordenada desde los más Altos Responsables del Estado con total impunidad.

El Instituto CASLA considera que, dados los acontecimientos que demuestran que los Crímenes de Lesa Humanidad continúan cometiéndose y que las evidencias y pruebas han sido presentadas, es necesario avanzar en la Investigación contra la Cadena de Mando y los Altos Represores y que la Corte Penal Internacional actúe según lo permite el Estatuto de Roma. 

Madrid, 19 de Junio del 2024