Para el diputado Luis Barragán, miembro de la dirección nacional de Encuentro Ciudadano, la muy reciente aprobación

de una reforma de la Ordenanza Sobre Convivencia Ciudadana aprobada por los concejales del municipio Sucre del estado Miranda, coincide con la reaparición de la protesta generada por las pésimas condiciones de vida del país, “pretendiendo criminalizarla desde el propio ámbito municipal”.

“En efecto, por infeliz que fuese, no es una mera coincidencia que la municipalidad mirandina de Sucre pretenda prohibir y criminalizar la protesta genuina, pacífica y espontáneamente social y urbana, tratando de marcar una pauta para el resto del país de acuerdo a los intereses, pero también a las angustias que siente el régimen que cruelmente castiga a la población con la precaria e inexistente prestación de los servicios públicos, el precio elevadísimo e inalcanzable de los bienes y servicios, y la precarísima la atención médico-asistencial y sanitaria”. 

En efecto, la reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana planteada por el alcalde y sancionada por el Concejo Municipal,  es para todo el que habite, transite o ejerza alguna actividad en esa entidad que constituye en la práctica una extensión de Caracas y, por cierto, excluyendo inconstitucionalmente a las asociaciones de vecinos o cualesquiera otras formas libres y legítimas  de organización de la sociedad civil. A juicio del parlamentario, “constituye un ensayo de la definitiva cubanización de los mecanismos de defensa del régimen que tan inmenso miedo tiene a una libre consulta electoral”. 

Indicó el diputado Barragán: “La normativa es contradictoria con los principios constitucionales que invoca o dice invocar, excediéndose la Ordenanza  del ámbito de las competencias municipales y, lo que es peor, so pretexto de una obstaculización del libre tránsito y circulación los espacios públicos, afectando de cualquier modo los servicios públicos y el patrimonio cultural, prohíbe las protestas o la incitación a protestar, sin menoscabo de otra norma aplicable de ámbito nacional”.

Ampliando sus observaciones, manifestó: “Por cierto, sanciona a quienes echen los más variados residuos al alcantarillado, generando obligaciones solamente al usuario, dejando impune la conducta negligente de las autoridades públicas, por decir lo menos, que ni siquiera saben dónde están las alcantarillas, ni  exhortan al uso del tapa-bocas en los espacios más concurridos o el empleo del casco para los motorizados.  Valga acotar, al referirse a  los juegos pirotécnicos, la pretendida norma municipal olvida que son los  enchufados del régimen los que acostumbran a perturbar la tranquilidad pública según su libérrima gana, porque siendo tan altos los precios, además, dolarizados, en los sectores populares y medios de la población, no se emplean, evitando derrochar el dinero que tanta falta les hace para comer, medicarse y pagar los costosísimos servicios precariamente prestados, como el de agua, electricidad y recolección de basura”.

Finalmente, acotó que esa “tan temerosa manía u obsesión de evitar a todo trance el ejercicio constitucional de la protesta, llevará más adelante al régimen a ensayar el control ultradigital de la población,  como ocurre en China, aunque tengan que hipotecar aún mucho más al país por el elevado costo de una tecnología tan sofisticada”.