La discusión sobre el salario en Venezuela volvió a demostrar la enorme distancia existente entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de millones de trabajadores y pensionados.

Mientras amplios sectores del país esperaban un incremento del salario mínimo, el gobierno optó nuevamente por mantener intacta la estructura salarial formal y presentar como alternativa el aumento del llamado salario integral, compuesto por bonos y asignaciones especiales que elevan el ingreso total a unos 240 dólares mensuales, mientras las pensiones apenas alcanzan los 70 dólares. Más allá de las cifras, el verdadero debate sigue siendo el mismo: cómo puede sobrevivir una sociedad donde el trabajo dejó de garantizar estabilidad y dignidad.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara en sus artículos 89 y 91 al establecer que el salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador y su familia. Sin embargo, la práctica económica venezolana terminó construyendo un modelo donde predominan bonificaciones discrecionales que han sustituido progresivamente el salario real. Incluso desde el punto de vista jurídico, muchas de esas asignaciones reiteradas deberían convertirse formalmente en salario, conforme al espíritu del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo. Pero aun reconociendo ese derecho, sería ingenuo pensar que un simple ajuste nominal resolvería el problema estructural que atraviesa el país.

El drama salarial venezolano no puede analizarse aislado de la política económica aplicada durante casi tres décadas. Aumentar ingresos sin corregir inflación, distorsiones cambiarias, caída de la producción y destrucción institucional solo termina licuando nuevamente el poder adquisitivo del ciudadano. Allí radica una de las grandes debilidades del debate público nacional: se exige con razón un mejor salario, pero pocas veces se acompaña esa exigencia con una propuesta económica integral que permita frenar el alto costo de la vida, estabilizar la moneda, estimular la inversión y evitar que la inflación continúe deteriorando cualquier incremento anunciado.

A ello se suma un problema de confianza y administración pública. Venezuela requiere no solo financiamiento y apertura económica, sino mecanismos reales de supervisión institucional sobre el manejo de los recursos del Estado. En ese contexto, comienza a plantearse con mayor fuerza la necesidad de definir cuales organismos multilaterales y actores internacionales, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos en su papel deprincipal interlocutor financiero y político externo, podríancontribuir a canalizar, monitorear y supervisar programas de recuperación económica y social. No como una cesión de soberanía, sino como una garantía frente a décadas de utilización discrecional, partidista y opaca de los recursos públicos nacionales.

No podemos olvidar que ninguna recuperación económica será sostenible si continúa desapareciendo la representación laboral y sindical independiente. Venezuela necesita reconstruir no solo su economía, sino también su institucionalidad social. Los viejos liderazgos obreros venezolanos entendieron que la defensa del trabajador no se limitaba a exigir aumentos, sino a influir en el rumbo político y económico del país. Hoy más que nunca se requiere retomar esa capacidad de organización, formación y propuesta, incorporando expertos, sindicatos, universidades y partidos políticos en la construcción de un nuevo consenso nacional sobre el trabajo y la producción.

El país no puede seguir condenado a esperar cada año un aumentico que termina siendo absorbido por la inflación semanas después. La verdadera discusión debe orientarse hacia un nuevo modelo económico capaz de generar estabilidad, producción, inversión y protección social sostenible. Desde una visión social moderna, el trabajo debe volver a ser el centro de la reconstrucción nacional, entendiendo que la economía no puede estar únicamente al servicio de indicadores macroeconómicos o intereses políticos, sino de la dignidad humana. Porque cuando el salario deja de servir para vivir, también comienza a fracturarse la confianza de la sociedad en el futuro y en la democracia misma, por eso es imperativo que retomemos ese camino que es tan necesario a través de un proceso electoral.

IG, X: @freddyamarcano