“Todo el patrimonio documental generado por el reclamo histórico del Esequibo, por siempre estuvo bajo la responsabilidad

del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso, abierto al interés de legos y especialistas, por lo que no entendenderíamos hoy la razón para una presunta incautación militar de los archivos y el despido del personal especializado que aún queda, según la información no confirmada que está circulando”, señaló el diputado de Luis Barragán.

Agregó  el parlamentario de Vente Venezuela: “Si  hubiesen graves circunstancias sobrevenidas y distintas al proceso que el mediador de la ONU, señor D. H. Nylander ha iniciado, tendría que sesionar el Consejo de Defensa de la Nación,  incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional que inequívocamente lo integra, por cierto, instancia que por estos años no ha fijado una pública postura en la materia de la que son corresponsables el Estado y la sociedad civil. El proceso de negociaciones que se supone en marcha, aunque la oposición venezolana ha sido  excluida, como no ocurrió en todo el siglo XX que trató el asunto como una Política de Estado, siendo  la oposición al gobierno guyanés – por lo menos – ahora  informada, sugiere más una decidida y convincente actuación de la cancillería en defensa de nuestros intereses, por ejemplo, ante las concesiones petroleras en la Fachada Atlántica, que la adopción de medidas administrativas internas que, inevitable, levantan sospechas”.

Recordó el diputado Barragán  que en las fechas próximas a la suscripción del Acuerdo de Ginebra en 1966, uno de los momentos más culminantes del problema, las medidas de seguridad relacionadas con la valiosa documentación fueron las normales, aunque en ese año recrudecieron los ataques terroristas guerrilleros con respaldo de Cuba e, incluso, fue abortado el intento de un golpe militar.

Acotó finalmente: “A poco más de un mes de vencerse el plazo concedido por el Secretario General de la Naciones Unidas para remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia, esperamos que Guyana recapacite y entienda que la solución pacífica y realista al problema reside en explorar las posibilidades que ofrece todavía el Acuerdo de Ginebra.  No huelga insistir en la necesidad de que la Asamblea Nacional sea debidamente informada sobre lo que acontece en una materia que no es exclusiva de las camarillas del poder”.