Venezuela experimenta una grave crisis política a partir de los comicios presidenciales del 14 de abril de 2013. Las protestas han arrojado hasta ahora un lamentable saldo de muertos, heridos y detenidos y frente a protestas pacíficas, se ha desatado  una brutal represión militar y policial. Campañas gubernamentales de corte fascista, han intentado culpar a la oposición de hechos de violencia inexistentes o fabricados por la propaganda oficial, buscando, fundamentalmente, criminalizar la disidencia. La oposición desconoce la legitimidad del nuevo gobierno y la situación tiende a agravarse, lo cual amerita tomar medidas que conduzcan a la normalidad y traigan estabilidad.

El oficialismo promueve la violencia institucional como mecanismo para consolidad la desviación del resultado electoral, acallar las protestas populares pacíficas y distraer la atención sobre la solicitud de recuento de los votos, el gobierno ha desencadenado, estimulado y coordinado actos de violencia contra la oposición y los manifestantes. Como parte de dicha estrategia, el gobierno, mediante el uso sistemático de falsos positivos, acusa a la oposición de los actos de violencia y ha comenzado a amenazar con supuestos procedimientos “legales” a sus principales líderes. La violencia generada desde las altas esferas del Poder Ejecutivo se ha instrumentado por la vía del uso de la fuerza militar y del aparato policial represivo que se ha venido construyendo con asesoría del gobierno cubano.

Se instituye la discriminación y persecución política de signo fascista signada por la intolerancia y persecución de quiénes piensan distinto al régimen o solicitan el reconteo de los votos. Miembros del Poder Ejecutivo nacional y regional han desatado una inhumana cacería de empleados públicos por la mera sospecha de haber votado por Henrique Capriles, incautando teléfonos celulares, interviniendo cuentas personales en las redes sociales y despidiendo ilegalmente a los sospechosos.

Un brutal y artero ataque contra varios diputados de la Unidad se produjo esta tarde en el hemiciclo de la Asamblea Nacional ante la mirada cómplice del presidente de dicho órgano, el diputado Diosdado Cabello. En una tensa sesión en la que nuevamente se les negaba el derecho de palabra a los diputados opositores, cuyos micrófonos en esta oportunidad fueron extraídos de sus curules, un grupo de parlamentarios oficialistas y personas armadas ajenas al parlamento arremetieron a puñetazos contra el jefe de la bancada de Primero Justicia, el diputado Julio Borges, ocasionándole serias lesiones en el rostro. De igual manera, la diputada independiente María Corina Machado fue golpeada y lanzada al piso donde recibió patadas de sus agresores. Lo mismo ocurriría con los diputados Américo de Grazia, Ismael García, Dinorah Figuera, Nora Bracho, Eduardo Gómez Sígala, Abelardo Díaz, Homero Ruíz, Luis Barragán.

Estos actos de violencia, tolerados por el presidente de la Asamblea y perpetrados por diputados de la fracción oficialista, son propiciados por el discurso de Nicolás Maduro, quien cree equivocadamente que para “mostrar carácter” requiere de la agresividad y la violencia, constituyen un hecho grave que afectó seriamente la institucionalidad democrática y pone en serio riesgo la institución parlamentaria.

Denunciamos que estamos ante un virtual golpe de estado contra la Asamblea Nacional. Varias señales así lo revelan: la inadmisible negativa a otorgar el derecho de palabra a los diputados de la Unidad Democrática desconociéndoseles como representantes del pueblo; la destitución de los miembros de esta bancada de las directivas de las Comisiones Permanentes; las agresiones contra el diputado William Dávila la semana pasada y ahora estas nuevas agresiones contra varios diputados de la Unidad.