Por ser la Universidad, según lo establece la actual Ley de Universidades, una comunidad de intereses espirituales cuya tarea es buscar la verdad y el afianzamiento de los valores trascendentales del hombre, inspirada en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, tiene una responsabilidad ineludible de contribuir con el esclarecimiento de los problemas del país.

La Universidad debe seguir siendo el espacio para el debate de las ideas y para propiciar un clima de pluralidad que sirva de camino para lograr el entendimiento entre todos los sectores. Por esta razón, frente al acontecer nacional que es de interés general, la Universidad Metropolitana se siente en el deber de hacer un llamado a todos los actores sociales, para que se distingan por su conducta ética, es decir, aquella que antepone la imparcialidad en el actuar por encima de intereses particulares que dividan a la sociedad en bandos irreconciliables. Solo así podremos construir el país de oportunidades que todos demandamos.
Estamos convencidos de que la sustentabilidad de la Nación venezolana debe estar asociada, no solamente a los resultados del desarrollo económico que juntos podamos alcanzar, sino que reposa, fundamentalmente, en la vigencia de principios de orden institucional y en el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

En este sentido, consideramos nuestro deber ineludible promover la necesaria reflexión sobre dos de estos principios orientadores de nuestra institucionalidad: el respeto a la Constitución y la oportunidad, veracidad y valor de la información sobre los hechos que afectan a la colectividad.

Todos los sectores de la vida nacional están obligados a que sus decisiones, actuaciones y propuestas estén apegadas al más absoluto respeto a la Constitución, entendiendo que es el documento normativo que consagra los fundamentos de convivencia política, económica y social que garantice a los ciudadanos y a las instituciones el ambiente en el que, quienes detentan el poder, puedan ejercerlo en función de los planes de desarrollo de la nación venezolana y, en el que quienes se opongan a la forma como se ejerce, lo hagan de forma constructiva sin temor a represalias. Sólo de esta manera se podrá asegurar en el país la alternancia democrática como opción posible y donde quienes dejen de gobernar lo hagan sin temor y con ánimo de continuar trabajando por el bienestar y progreso de todos los venezolanos.

El acceso a la información, precisa, oportuna y autorizada, la disposición de los gobernantes al escrutinio de sus acciones y las medidas que tomen para hacer efectivo tal escrutinio, garantizan un mejor desempeño y eficiencia del sector público, destacando la cualidad adquirida por la palabra “transparencia” como criterio de desempeño y evaluación de la gestión pública. Por otra parte, los demás actores de la escena nacional están obligados a rendir cuentas de su actuación suministrando pertinentemente la información que le sea requerida por la sociedad a través de las instancias y normativas que correspondan.

El Consejo Académico de la Universidad Metropolitana formula estas observaciones con ánimo cívico y ofrece su colaboración para contribuir, en la medida de sus posibilidades y con la mejor buena voluntad, a una Venezuela donde los principios expresados sean, cada vez más, los que orienten las actuaciones de los venezolanos en su conjunto.