Mis abogados tienen más de dos meses solicitando el cese de las restricciones a mi libertad, impuestas dentro del juicio que, en mi contra, en marzo de 2010

solicitaron y obtuvieron dos diputados del oficialismo quienes, por cierto, no fueron reelectos para las posiciones que ocupaban. Mis defensores han exigido la revocación de la medida de prohibición de salida del país. De nada ha valido que la Ley paute que “en ningún caso” tales medidas de restricción de la libertad personal puedan sobrepasar los dos años, ni exceder la pena mínima prevista para cada delito. De nada ha servido que el Ministerio Público no haya solicitado dentro del término de Ley, ya vencido, la prórroga de tal prohibición, como para nada ha servido que la propia jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, haya dictaminado que las medidas de coerción personal (cualquiera que sea) al sobrepasar el término establecido en el artículo 241 del Código Orgánico Procesal Penal, decaen de manera automática y la orden de levantamiento de la restricción a la libertad se hace imperativa, so pena de generarse el delito de privación o de restricción ilegítima de la libertad.

Cuando mis defensores le solicitaron a la Sala 4ª. de la Corte de Apelaciones, presidida por la señora Merly Morales, que acatara tales preceptos, dicha Sala escurrió el bulto remitiendo el conocimiento del asunto al Juez 21 de Juicio, Alberto Rossi Palencia. Ahora Rossi Palencia se ha declarado incompetente y para dirimir el conflicto ha remitido la petición pendiente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

El mío no es un caso aislado. Tengo conciencia de que tampoco es el más importante. A los “justiciables” de este país, cuando no los atenaza el carácter político de las causas que ordenan seguir, los atenaza la corrupción y el hacinamiento tribunalicio. Rossi Palencia fue el juez de juicio quien habiendo sentenciado en mi contra, intenta ahora una maniobra dilatoria estando vencidos los lapsos procesales que me dan derecho a recuperar la libertad plena. En cuanto a la magistrada Morales, quien preside la Sala 4ª., a contravía del Código de Ética del Juez Venezolano, ha sido vista en eventos públicos aupando al sector oficialista. Pero, nadie investiga y quizás, este tipo de maniobras en mi contra les valga un ascenso.
¿Quién es, actualmente, el magistrado-comisario que ha sustituido al delincuente Aponte Aponte, en la abominable tarea de imponerle directrices a los jueces? Con el final de esta vergonzosa revolución se sabrá. Por lo pronto la practica judicial demuestra que la escuela de Aponte Aponte sigue vigente a través de sus ejecutorias.

Oswaldo Álvarez Paz
Caracas, 30 de abril de 2012
OAP/em