El retiro de Venezuela del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional es una muy mala noticia, un grave retroceso e incluso un acto abiertamente inconstitucional.

El Estatuto de Roma representa un avance considerable en el Derecho Internacional, al reconocer que hay delitos que trascienden a los estados por afectar a la humanidad misma y que como tales deben ser investigados y sancionados. En un mundo crecientemente globalizado este es un paso fundamental pero nunca el final del camino.  Los delitos competencia de la CPI son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de guerra y los de agresión.

El Estatuto fue adoptado en 1998. La competencia del tribunal creado es complementaria de los tribunales nacionales y puede ejercerse cuando en los estados no pueden o no quieren investigarlos o procesarlos.

Venezuela participó en la conferencia de Roma que concluyó en julio, es signataria del Estatuto desde noviembre, durante la segunda presidencia de Caldera y lo ratificó, previa aprobación parlamentaria de la ley correspondiente, en junio de 2000, siendo presidente Chávez. Aquí, el respaldo a ese acuerdo internacional fue unánime. La reciente decisión de retirarnos por parte del gobierno interino tiene un antecedente en la nunca promulgada “Ley por Palestina y la Justicia” aprobada por la anterior Asamblea Nacional exclusivamente oficialista en sus últimas sesiones de diciembre de 2025.

Son parte del Estatuto de Roma ciento veinticinco países. Es interesante ver cuales no son y cuales firmaron y se retiraron o notificaron al Secretario General de la ONU que no tenían intención de participar. No son firmantes Cuba, Nicaragua, China y Corea del Norte, entre otros. Rusia firmó pero no ratificó su adhesión. EEUU firmó al final de Clinton, pero en 2002, ya con Bush, retiró la firma y en la segunda presidencia de Trump, desde 2025, a raíz de las decisiones sobre Israel y Palestina, inició una agresiva campaña internacional contra la CPI que incluye congelar activos y prohibir visado a su personal, con insistentes gestiones desde el Departamento de Estado hacia países aliados.

En la lógica de quienes nos gobiernan, la retirada del Estatuto tiene intenciones internas a internacionales. Aquí se busca desconocer eventuales decisiones de la CPI, como antes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque el retiro carece de efectos retroactivos. Afuera, para comprenderla basta leer la felicitación pública desde Washington el 25 de julio.

Nuestra Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha condenado la denuncia del tratado “por ser moralmente inaceptable y por configurar una violación manifiesta de la Constitución”. Según el artículo 22 de nuestra ley fundamental, “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno…”.

Al formar parte del bloque constitucional no puede ser derogado por un acto del gobierno, como se comprueba adicionalmente en el Diario de Debates de la Constituyente del noventa y nueve, pues se consideró que este tipo de tratados no está sujeto a denuncia.