Ya tenemos fecha para las elecciones presidenciales. El 7 de octubre de 2011 se decide electoralmente el destino del país. La continuidad de Hugo Chávez al frente de la primera magistratura o el advenimiento de un nuevo ciclo político con nuevos protagonistas y nuevas propuestas.

Es indudable que el presidente Chávez sigue teniendo altos niveles de respaldo popular, sigue siendo el intérprete de un importante sector de la población que aposté no sélo a un cambio respecto al pasado político, sino también apostó por un liderazgo mesiánico, bajo el cual hemos asistido a un lamentable debilitamiento institucional del país. La Constitución de 1999, en cuyo texto se resumen las aspiraciones de toda una nación en lo económico, lo cultural, lo social, lo político e incluso lo ambiental, es un modelo aún por realizar. El gobierno de Chávez se ha apartado de esa propuesta y es menester reivindicarla y trabajar para hacerla realidad.

No hay, en este momento, otro proyecto mejor y más adecuado que éste, el cual además fue el resultado de un amplio proceso de consulta realizado en todo el país y con los más diversos sectores. En estos tiempos, cuando desde el poder se maltrata la Constitución, se le minimiza, se le estira o se encoge como si fuese un chicle. La tarea es defenderla y promoverla.

Si los aspirantes a la candidatura presidencial que van contarse en las primarias de febrero de 2012 tienen en mente, como es obvio, lograr que buena parte del electorado psuvista -hoy descontento, decepcionado e incluso dispuesto a escuchar otras propuestas- preste atención a sus mensajes, es requisito indispensable que se asuma, de corazón y no de ficción, el compromiso con esa Carta Magna de 1999 y sus postulados, sobre todo en cuanto a los compromisos sociales que de ella se derivan para reducir la pobreza, aumentar significativamente la inclusión y garantizar empleo de calidad, hospitales que funcionen, para lo cual se requiere, además, de una economía productiva que reduzca la dependencia del rentismo y promueva el emprendimiento.

El contraste con el actual modelo político, inspirado en el culto al líder, la confrontación permanente, el uso clientelar de las necesidades de los más pobres, la descalificación y exclusión de quien piense distinto y la ausencia de autonomía de los poderes públicos distintos al Ejecutivo, no puede manifestarse por la vía de la exaltación de un pasado que si bien tuvo logros indiscutibles, también se plagó de desviaciones y perversiones, algunas de las cuales siguen hoy presentes, ampliadas y corregidas, como por ejemplo, la corrupción.

La noción de un futuro mejor, de un modelo social que no reniegue de los compromisos del Estado con los más débiles, y de una democracia sin revanchismos, sin impunidad pero sin persecuciones, de una sociedad más segura, de cuerpos policiales deslastrados de malandraje y abuso, y de un sistema de justicia libre de las ataduras y sumisiones político partidistas de ayer y de hoy, tienen que ser protagonistas del mensaje para lograr que el 2012 se convierta en el año del cambio sin retrocesos.

El compendio de propuestas para gobernar a partir de 2012 tiene que ser elaborado con la mira puesta en conquistar la voluntad de las grandes mayorías, buena parte de ellas ya ganada para la idea de que este ciclo político está llegando a su fin y es necesario iniciar uno nuevo. Pero otra parte, no menos importante e igualmente numerosa, tiene que ser el centro del mensaje de cambio, cuyo signo debe ser inequívocamente el progresismo en lo político y social. No es la perspectiva conservadora de la política la alternativa que puedan apoyar los sectores populares ansiosos de una vida mejor.

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