Tanto el Presidente, como la presidenta rectora del Consejo Nacional Electoral y algunos de esos contados jefes militares, más alabarderos que defensores de la patria, declaran exigiendo respeto ante cualquier observación crítica que se les hace. Pobres, no terminan de entender que el respeto hay que ganarlo fundamentalmente respetando a los demás. En el caso específico de funcionarios de tan alta investidura, la mejor manera de lograrlo es cumpliendo bien y fielmente con los deberes y obligaciones que les señalan tanto la Constitución Nacional como las correspondientes leyes de cada sector. La paradoja venezolana está en que nunca antes, al menos que yo recuerde, los poderes públicos han estado más alejados de sus deberes constitucionales y buena parte de sus titulares actuando reiteradamente en contra de los verdaderos intereses nacionales.

Vamos a referirnos, por falta de espacio, sólo a las declaraciones de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. La incertidumbre del país es insólita y las omisiones de ese organismo, así como algunas acciones concretas, las únicas responsables del creciente clima de dudas y sospechas existente con relación a los procesos que se avecinan. La semana pasada despejó el tema de la elección presidencial, pero todos tenemos la sensación que la decisión de no hacer las elecciones en diciembre como es propio de nuestros usos y costumbres, sino en octubre, se corresponde con los intereses del régimen.

Se abre una transición muy larga e inconveniente. Entre octubre y febrero pueden pasar muchas cosas con Chávez de presidente, sano o enfermo, ganando o perdiendo las elecciones. Ya vivimos la deplorable experiencia de la transición de la vieja Asamblea Nacional a la actual. Las consecuencias serían mucho más graves al más alto nivel institucional. La motivación es que permanezca como presidente en las elecciones de gobernadores para intervenir, como acostumbra, para elegir a los suyos.

La lógica y el interés de ejecutar un proceso transparente recomendaban hacerlas de manera simultánea. De no ser posible, (¿?), deberían convocarse primero las de gobernadores y eventualmente las de Alcaldes y municipalidades. No ha sido así. Vamos a una jornada dividida en tres partes. Se prorroga el mandato de los Alcaldes y se difiere la elección de concejales ya en mora desde el 2009. Insólito. Los costos son elevadísimos. Además, no se anuncian las fechas concretas de lo que quedaría pendiente. ¿Porqué?

Aún están sin respuesta los planteamientos formulados sobre la “modernización” del proceso automatizado, el acceso al Archivo de Cedulados, al padrón del Registro Electoral, sobre los criterios para la designación de los funcionarios subalternos en todo el país, la creación de nuevos centros electorales y mesas, las migraciones, los nuevos centros inscripción en el RE, etc.

Personalmente no confío en este CNE. Asumo como propios los serios planteamientos de ESDATA y Súmate. 

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