Los medios de comunicación social independientes reportan al unísono que 563 cadáveres fueron trasladados a la Morgue de Bello Monte (Caracas) en agosto. En todo caso, la violencia criminal se disparó por causa de la impunidad.
La impunidad cuestiona fundamentalmente y viola el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, base del Estado de Derecho moderno, garantizado tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la legislación internacional de los derechos humanos.

Ya la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su art. 1 nos dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Por lo que, los derechos fundamentales enunciados en esa Declaración constituyen una especie de mínimo común denominador de las legislaciones de todos los países (por ejemplo en el caso concreto del derecho a la vida). Así, a la libertad personal corresponde el momento de la igualdad jurídica, que consiste en las situaciones en las que todos los ciudadanos tienen capacidad jurídica, lo que implica una capacidad de querer y actuar en los límites de las leyes, en su propio interés.

Al momento de la libertad política corresponde el de la igualdad política, característica del Estado democrático fundado sobre el principio de la soberanía popular no ficticia y, por consiguiente, sobre el sufragio universal. En fin, al momento de la libertad positiva, o libertad como poder, corresponde el momento de la igualdad social, llamado igualdad de ocasiones o de oportunidades, esto es, exigir igualdad de las oportunidades significa cabalmente exigir que todos los ciudadanos les sea atribuida no solamente libertad negativa o política, sino también la libertad positiva que se concreta en el reconocimiento de los derechos sociales.

Luego, cabría hacernos en este momento “revolucionario” la siguiente pregunta: ¿Igualdad entre quienes? Pues la citada Declaración Universal se refiere a la igualdad de los “derechos fundamentales” de todos los seres humanos. Afirmando la igualdad entre todos, y no sólo entre los que pertenecen a esta o aquella categoría de personas. Sin embargo, el dilema que se presenta en relación a los derechos fundamentales y los derechos humanos, no es tanto en el plano filosófico como en el plano jurídico, vale decir, cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados.

Advirtiendo que, una verdadera política igualitaria se caracteriza por la tendencia a suprimir en concreto los obstáculos que impiden que los hombres y las mujeres sean menos iguales.

Finalmente, la impunidad en Venezuela cuestiona además el concepto mismo de democracia existente en el país. Mismamente, tras trece largos años de violencia delictual sin culpables no queda más que concluir que apenas somos los sobrevivientes del país de la impunidad. La corrupción, la impunidad y la muerte son el sello distintivo de esta revolución de la desigualdad, por un gobierno fallido que ha llevado al Estado a no cumplir cabalmente con su papel. Lo peor es que, la olvidada impunidad de ayer es lo que desembucha la impunidad de hoy.

www.juancarlosapitz.com
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
twitter: @justiciapitz