Ciento sesenta y dos años se cumplen de la promulgación en Coro por Juan Crisóstomo Falcón de la constitución de 1864,

la carta que marcó el regreso de Venezuela al federalismo original de 1811.

Duras críticas al modelo federal hizo Bolívar, y sabido es que el país, empezando por quienes lo lideraban en aquellas décadas turbulentas, no había metabolizado la idea federal y por eso habría en la práctica múltiples versiones, casi tantas como caudillos. La “feberación” como se decía popularmente, tuvo más de reivindicación social que de proyecto de Estado y acaso este dato nos ayude a comprender la causalidad de aquella guerra larga y cruel, probablemente innecesaria.

Venezuela ha sido casi siempre federal en la constitución, pero en la práctica casi nunca. También es cierto que alguna razón profunda debe haber para que en más de siglo y medio nadie se haya atrevido a borrar la forma federal de Estado y mire que hemos tenido gente ocurrente en el poder. Esta de 1999, es la más federal que hemos tenido, al menos desde la de 1874, sin embargo, en la vida real está demostrado que el comportamiento de los poderes públicos es mucho más centralista que bajo la de 1961, pues ha privado la vocación de concentración del poder.

Ante nosotros la experiencia de la historia que algo ha de enseñarnos, sobre todo acerca de los riesgos de ignorar, eludir o adulterar las normas, empezando por las constitucionales. Y ahí está la Constitución. Me parece que si la cumplimos, puede servirnos de marco adecuado para resolver los acertijos de este “nuevo momento político” que se nos ha dicho que vivimos.

Hay quienes centran su atención en la cuestión de la ausencia presidencial y sin negarles razón, creo que hay otros factores a ponderar. Dadas las vivencias nacionales, para que una nueva elección sea útil por creíble, hay que abordar con paso más decidido algunas cuestiones previas en lo institucional, lo político y de libertades en la vida social. Solo así evitaremos otro aborto.

La vigencia actual del modelo federal tiene que ver con la necesidad de descentralización del poder en un país complejo y plural. Conviene a la buena gobernanza y a una política que no es monocolor, salvo por imposición artificial hoy y tampoco lo será mañana.

El 136 constitucional pauta un poder público distribuido en municipal, estadal y nacional. Y de un poder público dividido según sus funciones y a cada rama y a cada órgano le toca actuar con autonomía y colaborar en la realización de los fines del Estado, que no son los que dice el gobernante de turno sino el artículo 3 de la misma Constitución a la que tenemos que volver. Es evidente que nos ha salido caro apartarnos de ella. 

Si cada municipio y cada estado se ocupa con eficiencia de lo que le incumbe, sin “protectores”, interferencias o discriminaciones, los ciudadanos de cada uno podrán decidir libremente quien ha de gobernarlos y representarlos. Unas veces ganarán unos y otras otros, y el mapa será multicolor, como es natural.