Podría entenderse que a Chávez Frías le cueste convivir con los gobernadores y alcaldes de oposición. Estas son autoridades electas con el voto popular. Poseen la misma fuente de legitimidad del primer mandatario. Además, son adversarios, o mejor dicho, enemigos, de acuerdo con el talante autoritario del caudillo.

Al contrincante ninguna oportunidad que le permita lucirse, o simplemente destacarse sobre la medianía. La descentralización y la democracia sirven para alardear y encandilar a algunos cuantos jefes de Estado y cancilleres extranjeros, pero no son para practicarlas con quienes debe competirse en las urnas electorales.



Lo que cuesta entender un poco más es por qué  el comandante les serrucha las patas a sus aliados, a esas mentes de inteligencia modesta que se encuentran en la Asamblea Nacional, y cuyo trabajo consiste, precisamente, en legislar, y, desde su perspectiva, construir el andamiaje legislativo que garantice la demolición de las “estructuras del Estado burgués” y la creación de las “nuevas estructuras del Estado proletario”, según las rancias expresiones del marxismo más ortodoxo y obtuso.


Cuando Chávez Frías pide una nueva Habilitante para asegurarse de que el 15 de diciembre de 2009, fecha en que se cumplen diez años de la aprobación de la Constitución del 99, no haya en el país “ni una sola ley contrarrevolucionaria”, está diciéndonos que sus diputados son una manada de inútiles. Es una gente que sirve para levantar las manos a  velocidad de meteoro o para asentir con el pescuezo tantas veces como sea necesario, pero que carecen de ideas e iniciativas propias. Por eso necesitan del auxilio del comandante.


El problema de esta nueva renuncia de la Asamblea Nacional es que deja a los diputados del oficialismo sin argumentos para pedir el voto popular en las elecciones legislativas del año entrante. ¿Para qué votar por ellos si durante su legislatura, más de la mitad del período transcurrió sin que elaborasen una ley, sin que aprobasen un instrumento legislativo elaborado por alguna de sus comisiones de trabajo?


El otro obstáculo que deberán salvar esos congresantes es el de explicarles a los electores cómo es que teniendo la obligación de defender la Constitución del 99, lo que han hecho es convertirse en cómplices de su destrucción. Chávez ahora habla de “Estado proletario” y de “Estado socialista”, y, confabulado con el Parlamento, está levantando todo el edificio jurídico del comunismo al estilo cubano. Las leyes son redactadas en un tono cada vez más agresivo y alejado del espíritu y letra de la Carta del 99. En esta onda andan la Ley de Propiedad Social, la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, La Ley de Acceso a los Bienes y Servicios, la Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). En marcha se encuentra la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Consejos Obreros Socialistas, entre otras leyes, reglamentos y disposiciones, que buscan imponer a troche y moche el mismo esquema colectivista y estatista implantado por Castro en Cuba.


Todo este laberinto legal viola con sevicia la Constitución de 1999. En sus principios fundamentales esta Carta establece que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que procura como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. (Art. 2). Venezuela es un Estado federal descentralizado que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (Art. 4). Además, su Gobierno y el de las entidades políticas que lo componen es será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables (Art. 6).


Ni en los Principios Fundamentales (nueve artículos en total), ni en le resto del  artículado aparece que las leyes deban ser revolucionarias o que el Estado y el Gobierno sean socialistas, proletarios  o algo de ese tenor. En la Constitución caben todas las corrientes del pensamiento humano que expresan la diversidad y complejidad de la democracia. Expresamente se opone a todo reduccionismo mecanicista, a toda simplificación dogmática de la acción política o del calidoscopio ideológico, tal como pretende Hugo Chávez  a través de sus “leyes revolucionarias”.


La contraposición que el caudillo establece entre las “leyes revolucionarias” (las suyas) y las “leyes contrarrevolucionarias” (las anteriores a 1999), se parece mucho a la oposición que Stalin creaba entre la “ciencia revolucionaria” (proletaria) y la “ciencia contrarrevolucionaria” (burguesa). En este caso era una añagaza para ocultar el atraso e ignorancia de los numerosos investigadores que, para sobrevivir, se vieron obligados a aplicar, sin resultado práctico alguno, la “dialéctica de la naturaleza” inventada por F. Engels, a campos tan complejos como la física o la biología. Estos ensayos terminaron siendo inmensos fraudes, que sólo  sirvieron para complacer la megalomanía de un déspota tan cruel como Koba. En nuestro caso, las “leyes revolucionarias” solamente sirven para la destrucción de la democracia y de la Constitución, y la entronización eterna de Chávez en el poder.


¡Cuánta falta hace un TSJ que le diga al gamonal que las leyes no deben ser “revolucionarias”, sino simplemente constitucionales!