Es en este siglo cuando el Capitolio Federal y los espacios aledaños han sido vedados a la ciudadanía.

Antes, hubo esmero en programar la visita de todo interesado al interior de lo que hoy se conoce como el Palacio Legislativo, especialmente los escolares, y en garantizar el tránsito vehicular y después peatonal por sus alrededores.

El derecho de acceder a la casa guzmancista y de merodearla para cualquier conversación ocasional, entrevistarse con los parlamentarios y el personal administrativo, o hacer toda diligencia de interés,  permitía incluso llevar la protesta hasta las propias rejas del siglo XIX que en ocasiones trataron de derribar. Vale decir que, de un modo u otro, se parlamentaba en el sitio que muy bien cubría la prensa libre.

En efecto, sobran los viejos testimonios de la prensa, ni siquiera en la época de las guerrillas se impidió que la gente visitara o se aproximara a un lugar que se hizo tan cotidiano al punto de bulevarizarse para que todo aquel que lo deseara, circulara libre y despreocupadamente aun cuando el centro histórico de la ciudad tenía el congestionamiento natural al servir de escenario principal de la Corte Suprema de Justicia y de todos los tribunales de la ciudad, así como de los ministerios, por no mencionar a las empresas privadas. No obstante, a partir de 2005 el Capitolio fue tragándose paulatinamente sus esquinas, avenidas y calles, a través de un enrejado insólito que acabó con el libre paso entre las esquinas de Monjas a San Francisco, por más que ahí esté la cámara municipal de Libertador; de Monjas a Padre Sierra, cuya anchura alguna vez prometió un hermoso paseo para entrar al Salón Elíptico; ahora, de Capitolio a Padre Sierra, obstaculizando una arteria alterna a la avenida Baralt y, por supuesto, respecto a la avenida Universidad, tiene un canal privativo y ocioso.

Historiadores y cronistas coinciden en caracterizar las décadas de los sesenta y setenta de la centuria anterior como de una desembozada violencia que no llevaron a amurallar las edificaciones de los diferentes órganos del Poder Público y despachos administrativos, como ha ocurrido por toda esta época. Incluso, obras de un estilo brutalista pierden toda vistosidad con rejas que desmienten a sus arquitectos, como ocurre con las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Teatro Teresa Carreño, a pesar de estar bajo la custodia permanente de la Guardia Nacional.

Durante diez años asistimos a las sesiones parlamentarias y comisiones de trabajo,  apreciando la literal captura de esos espacios perimetrales de un oficialismo amurallador. Faltando poco, militarizado el parlamento en la casa que ha de ser de la civilidad, añadidos los servicios policiales ordinarios, por siempre nos expusimos a los consabidos colectivos armados con sendas patentes de corso.

Valga aclarar que, en la avenida Universidad y calles adyacentes, incluyendo la riesgosa sede administrativa de Pajaritos para todo diputado opositor, eran de antemano insuficientes para las multitudes que protestaban al gobierno. Por ello, tuvieron por natural domicilio las autopistas de entradas bien retiradas del parlamento.

Ya es tiempo que las fuerzas de seguridad despejen y liberen los espacios físicos de la corporación legislativa, igualmente ocupados para estacionar los vehículos oficiales, devolviéndolos a la ciudadanía para el ejercicio del derecho constitucional al libre tránsito. Por supuesto que entendemos la necesidad de un mínimo de seguridad, pero fueron peores las circunstancias que vivió muy antes el centro histórico de Caracas, garantizado el orden público por la vía ordinaria, prudente y convincente.