El 1 de agosto se inicia el proceso de diálogo entre un grupo de diputados de la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinorah Figuera,

y una representación del régimen presidido por Delcy Rodríguez. La iniciativa fue promovida -en realidad, impuesta- por el gobierno de Donald Trump, con el fin de darle continuidad a la estrategia de tres fases delineada por la Casa Blanca, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.

Algunos datos fundamentales aún no se conocen en detalle. Por ejemplo, ¿cuál es exactamente el papel de Estados Unidos como tutor? ¿Cuál es la agenda del ciclo de encuentros? ¿La administración Trump va a presionar para que se cumplan los objetivos en un plazo perentorio previamente acordado? ¿Cuáles son los representantes de Estados Unidos? Estos son algunos de los puntos clave, pero no agotan las incógnitas y dudas existentes.

María Corina Machado se distanció con prudencia y elegancia de esa iniciativa. Señaló que no sería un obstáculo para que la negociación avance, pero indicó que no participaría de forma directa en ella. Se entiende perfectamente que no quiera involucrarse en una decisión en la que no han intervenido de manera activa ni ella, ni Edmundo González Urrutia, ni la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ni los otros factores que la han respaldado durante los años recientes. María Corina ha evitado la confrontación directa con Donald Trump y Marco Rubio, pero eludió ir de comparsa a un proceso en el cual no ha sido tratada con el debido respeto, dada su condición de máxima líder de la oposición.

María Corina optó por reservarse el derecho a veto. Se quedó con la Tarjeta Dorada, expresión utilizada en algunas empresas para referirse a ese accionista con capacidad de aprobar o vetar una operación de venta o inversión de gran escala. María Corina sabe que unos acuerdos entre el gobierno de los Rodríguez y los parlamentarios de la Asamblea de 2015 están condenados a fracasar, si no cuentan con su beneplácito. Esta realidad la deben admitir tanto los Rodríguez como el gobierno de Trump.

Es probable, y sobre todo conveniente, que en el curso de las conversaciones ocurra que Dinorah Figuera mantenga contactos informales permanentes con María Corina y algunos de sus asesores más influyentes. Los asuntos que deben resolverse para reinstitucionalizar el país son cruciales y numerosos. Una rápida revisión de los temas indica que la mesa de diálogo y negociación debe pronunciarse acerca de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las características que deben definirlos. El cronograma electoral: las elecciones presidenciales, en primer lugar, y luego las elecciones para la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes e instancias legislativas regionales. Los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los criterios para elegirlos. El Estado de derecho en el área política: los partidos que fueron ilegalizados de forma arbitraria o judicializados; los líderes políticos lanzados al exilio o inhabilitados, como María Corina; los numerosos presos políticos, entre ellos los militares, que aún permanecen en los calabozos del régimen.

La reinstitucionalización del país también debería incluir el desmontaje de la maquinaria represiva, que sirvió para crear el clima de pánico y el terrorismo de Estado imperante en Venezuela durante décadas. Armar ese aparato le ha costado a la nación un volumen de recursos que debieron haberse invertido para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.  Hay que restablecer el pleno derecho a la libertad de información y expresión. Centenas de portales informativos y medios de comunicación han sido censurados por Conatel o clausurados por denunciar los desmanes del Gobierno. Los comunicadores sociales han sido amenazados y perseguidos. Los últimos excesos se cometieron contra periodistas y reporteros que trataron de informar de forma fidedigna acerca de lo ocurrido luego de los terremotos del 24 de junio.

Las tareas para recobrar la institucionalidad propia de una nación plenamente democrática son numerosas y complejas. Es probable que el grupo de trabajo no pueda abordarlas todas en el período que duren las conversaciones. Pero, la agenda debe incluirlas. El régimen va a pretender presentarse como si hubiese llegado hace pocas semanas a Miraflores y no estuviese enterado, ni fuese responsable directo, del grado de envilecimiento y destrucción de la institucionalidad democrática.

La oposición y el país deben presionar al gobierno interino para que sus representantes -corresponsables de haber convertido en ruinas el orden democrático y el Estado constitucional- aprueben cuanto antes las reformas que Venezuela demanda. Lograrlas tendría que ser el objetivo fundamental de los opositores durante el diálogo.

@trinomarquezc