El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló frente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, que Venezuela necesita un gobierno

que sea elegido mediante “unas elecciones democráticas, libres y justas, porque no solo es lo correcto, sino también necesario para atraer el tipo de inversión que el país necesita". Estados Unidos está trabajando para crear “las condiciones necesarias" que permitan esa consulta. Sin embargo, aún no ha llegado el momento, agregó Rubio.

No es la primera vez que el secretario de Estado, genuinamente comprometido con el porvenir de Venezuela, y otros altos funcionarios del Gobierno estadounidense emiten ese tipo de declaraciones. Forman parte de un libreto concebido para tranquilizar los ánimos de quienes, dentro y fuera del país, exigen que la consulta para elegir al nuevo, o nueva, Presidente de la República, se lleven a cabo en el menor lapso posible.

La preocupación frente a ese tipo de afirmaciones surge por varios motivos.  Hay que admitir que después de casi tres décadas de destrucción de las organizaciones intermedias -partidos políticos, sindicatos, gremios, federaciones y organizaciones civiles de distintos órdenes- la sociedad carece del músculo político y organizativo necesario para obligar al Gobierno interino a llamar a comicios en el plazo señalado por la Constitución. El país no está en condiciones, por ejemplo, de convocar un paro nacional reclamando ese derecho. Las jornadas de magnitud global, concebidas para demandar la realización de elecciones en el horizonte cercano, se encuentran fuera de las posibilidades reales de los sectores democráticos.

Además, treinta años de politización e ideologización de las Fuerzas Armadas convirtieron a esa institución en una guardia pretoriana al servicio de la casta que asumió el comando del Estado en 1999. La FAN dejó de ser la coraza protectora de la legalidad republicana, transformándose en un estamento al servicio de la élite gobernante.

En las declaraciones de Marco Rubio -y de Donald Trump, cuando se ha referido al tema- la fecha de las elecciones queda flotando en las nebulosas. La imprecisión ha sido aprovechada por Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y los otros dirigentes del rodrigato, para moverse en el mundo de la ambigüedad. Este grupo sabe que, sin la presión sostenida del Gobierno norteamericano, los comicios se efectuarán en el mediano plazo. A lo mejor en 2030, cuando se complete el sexenio que está corriendo. A eso juegan: a postergar lo máximo posible la definición de la fecha electoral.

El argumento según el cual no existen las condiciones mínimas para fijar el momento, me parece inconsistente. Si por condiciones mínimas se entiende que haya crecimiento económico sostenido y paz social, este Gobierno está muy lejos de alcanzar esas metas. El crecimiento podrá lograrlo, en términos muy relativos, en el área petrolera y gasífera. Luego de haber destruido una industria que producía más de tres millones de barriles diarios de petróleo hace treinta años, llevarla a generar millón y medio, no puede calificarse de gran logro. Lo máximo que puede hablarse es de recuperación luego del desastre. El mismo Rubio admite que para reconstruir plenamente la industria, se requieren inversiones que no fluirán hasta que el panorama institucional se despeje.

La paz social luce todavía más lejana. Luego de la hiperinflación, la devaluación vertiginosa del bolívar y la erosión indetenible del salario de los trabajadores, pensar que este Gobierno puede aplacar al país respondiendo a las demandas de los asalariados, constituye una ilusión. El régimen liderado por Delcy Rodríguez no está en capacidad de satisfacer esas exigencias. Lo que le queda es complacer las pretensiones de Estados Unidos con le finalidad de empotrarse el mayor tiempo posible en Miraflores.     

Nada de lo que ocurre en Venezuela impide señalar que los comicios se realizaran, por ejemplo, en el curso del primer semestre del año 2027. Si se fija ese parámetro, podría definirse un cronograma para elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral, depurar y actualizar el Registro Electoral Permanente para que voten los venezolanos residentes en el exterior, y ejecutar todas las actividades que involucran unas elecciones democráticas, justas y transparentes, como propone Marco Rubio. Hasta el nombramiento del nuevo TSJ, especialmente de su Sala Electoral, estaría condicionado por esa fecha. Sin la fijación de ese parámetro, no será posible que el régimen alinee sus acciones para promover los comicios que el país reclama. Siempre se filtrarán otras prioridades.

Afortunadamente, cada vez más organizaciones políticas y sociales entienden la conveniencia de exigir la realización de elecciones pronto. Todos los días se suman más voces que reclaman elegir un gobierno que emerja de las urnas electorales, pues el electo el 28 de julio del 2024 fue desconocido por quienes ejercen de forma ilegítima el poder.  

Está muy bien que Estados Unidos admita que las elecciones van. Pero, sus autoridades tienen que señalar cuándo. Mientras tanto, en Venezuela los sectores democráticos seguirán presionando.

@trinomarquezc