Los casos de las excarcelaciones de Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano y Perkins Rocha ilustran muy bien la concepción autoritaria que sigue prevaleciendo

en el régimen presidido por Delcy Rodríguez, así como las contradicciones existentes dentro del Gobierno. Ninguno de esos tres dirigentes políticos -ni de los centenares de detenidos excarcelados en las últimas semanas- ha sido liberado para que ejerza plenamente los derechos civiles contenidos en la Constitución Nacional. Lo que ha ocurrido en realidad es que los dirigentes excarcelados cambiaron el sitio de reclusión: antes se encontraban bajo las rejas o hundidos en unos sótanos sin luz, ahora se hayan en sus domicilios, vigilados, no por los custodios que los asediaban, sino por grilletes electrónicos que revelan cada uno de sus movimientos.

Con Juan Pablo Guanipa se llegó al exabrupto: fue recapturado sólo pocas horas después de haber salido del Helicoide. En realidad, secuestrado por un comando que obedeció órdenes del Ejecutivo, órganos que utilizó la Fiscalía para justificar el atropello. Según el comunicado del Fiscal, Guanipa había violado las normas que regían su excarcelación. Pero, ¿cómo? ¿Acaso el Gobierno esperaba que un dirigente político de la talla de Guanipa -quien en 2017 fue destituido como Gobernador por el Consejo Legislativo del estado Zulia, por no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente presidida por Diosdado Cabello- saldría de prisión para ir a una piñata? Guanipa actuó como debe hacerlo un líder genuino: se fue a solidarizarse con los familiares de los presos políticos, quienes libran una batalla heroica por lograr la liberación de sus seres queridos, que están padeciendo lo mismo que él sufrió durante los más de ocho meses que estuvo encarcelado. Así se comporta un dirigente comprometido con una causa.

En su actitud no hubo ninguna violación de una norma legal. Hubo un acto de rebeldía y desconocimiento de un procedimiento arbitrario. A él se le estaba prohibiendo el derecho a respaldar una causa justa como la que libran esos familiares, bajo el acecho de los cuerpos policiales y de los grupos paramilitares, llamados de forma eufemística colectivos.  

Al Gobierno y a la Fiscalía, en realidad lo mismo, hay que recordarles que cuando la causa de Hugo Chávez y sus compañeros del 4-F fue sobreseída, ninguno de ellos salió de Yare a participar en fiestas infantiles o asistir a primeras comuniones. Hugo Chávez al abandonar la cárcel se dedicó en cuerpo y alma a recorrer el país para fundar el Movimiento V República (MVR), núcleo antecedente del PSUV. El Gobierno de la época no le negó el derecho a movilizarse  por todo el territorio nacional y llevar adelante labores proselitistas. No le colocó ningún cepo ni grillete que delatara cada uno de sus movimientos. El sobreseimiento de Chávez (equivalente a la amnistía de hoy) vino acompañado del ejercicio pleno de todos los derechos políticos establecidos en la Constitución de 1961, a pesar de que el comandante había sido el jefe de una insurrección armada y decía, en aquella época, que la democracia representativa era una mascarada de la burguesía para mantener el sistema de explotación capitalista. En consecuencia, que él no participaría en esa farsa que eran las elecciones. No obstante su  mensaje subversivo, se le respetaron las prerrogativas constitucionales.

Ahora, los voceros del Gobierno inventaron que para ‘portarse bien’, los dirigentes excarcelados deben cumplir unas normas antojadizas que no se derivan de la Constitución de 1999. Además del caprichoso comunicado de la Fiscalía, Diosdado Cabello dice, refiriéndose a la conducta de Guanipa, que ellos “creen que pueden hacer lo que les da la gana”. “Se consideran intocables”. Esas expresiones, además de revelar que él presionó para detener a Guanipa, evidencian el abuso de poder: los límites de la actuación de un ciudadano no están fijados por el humor de un funcionario, sino por el marco legal establecido por el estado de Derecho, cuyo epicentro se encuentra en la Constitución. Al menos formalmente, el Estado constitucional no ha sido abolido en Venezuela. De acuerdo con Delcy Rodríguez, el país debe avanzar por un camino que permita la coexistencia pacífica en medio de las innegables diferencias políticas existentes. “Convivencia desde la divergencia”, fueron sus palabras.

Los dirigentes políticos liberados deben poder salir del presidio a ejercer, si lo desean, los derechos políticos establecidos en la Constitución y en las leyes, entre ellos el derecho a desplazarse por el país y expresarse sin coacción. Ningún funcionario puede colocarse por encima del orden enmarcado por el Estado de derecho.

La oposición deberá tratar de impedir que la amnistía de la cual habla en régimen, se convierta en una fórmula para barnizar la censura, la amenaza y el hostigamiento a los opositores, bajo una fachada más refinada. La amnistía no debe ser una mordaza.

@trinomarquezc