La expresión "jugarse a Rosalinda"[1] en Venezuela se refiere a tomar un riesgo muy grande o hacer una apuesta arriesgada.

Es una manera coloquial de decir que alguien está dispuesto a arriesgarlo todo en una situación incierta o peligrosa.

La nueva orden ejecutiva de Trump, del 4 de marzo del 2025, pone fin a las operaciones de Chevron en Venezuela en un plazo de 30 días (https://qrcd.org/8HAO ).

La OFAC ha cancelado la licencia 41 que permitía a Chevron operar en Venezuela, dándole un plazo de 30 días para salir del país. Esta decisión sigue a la anulación de concesiones petroleras otorgadas por Biden al régimen de Maduro, anunciada por Trump el 26 de febrero, quien criticó la gestión de Biden y afirmó que había fortalecido a Venezuela

La administración Trump revocó la licencia que había sido renovada automáticamente el 1 de marzo para que Chevron continuara operando en Venezuela. Esta decisión se tomó debido a la falta de avances del gobierno de Nicolás Maduro en materia de reformas electorales y el retorno de inmigrantes ilegales (https://qrcd.org/8HAW).

Maduro, por su parte, no respondió directamente a la revocación, pero expresó su disposición a dialogar con EE.UU., sí se basa en el respeto mutuo, advirtiendo que no se dejará chantajear. La licencia 41 permitía ciertas transacciones relacionadas con Chevron y PDVSA, pero no autoriza pagos de impuestos, regalías o dividendos a Venezuela ni la venta de petróleo fuera de EE.UU.

La salida de Chevron podría tener un impacto significativo en la economía venezolana, ya que la empresa exporta una parte considerable del petróleo del país. Esto podría empeorar la situación económica (https://qrcd.org/8HAW). Chevron estaba produciendo unos 350 mil barriles diarios del millón de barriles diarios. Pero su producción representaba el 50% de la exportación total de Venezuela.

Además de Chevron, hay varias empresas internacionales que operan en la producción petrolera en Venezuela entre ellas se tienen:

• Repsol S.A. (España)
• ENI SPA (Italia)
• ONGC Videsh Limited (India)
• TOTAL S.A. (Francia)
• NK Rosneft PAO (Rusia)
• Corporación Nacional del Petróleo de China (CNPC)
• China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)

Estas empresas, junto con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), son las empresas petroleras que operan en Venezuela (https://qrcd.org/8HB2).

El precio actual del petróleo Brent es de aproximadamente $72.81 por barril. Si Chevron representa el 50% de la exportación petrolera de Venezuela, eso significa que exporta 350,000 barriles diarios. Así que, aproximadamente, Chevron representa $765,135,000 dólares mensuales en exportaciones petroleras para Venezuela.  Eso representaría unos $9,181,620,000 anuales. Lo cual significaría alrededor 1.2% del PIB anual

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela creció un 3.9% en 2024. Este crecimiento se debió principalmente al aumento en la producción petrolera, que representó más del 70% del crecimiento económico del país (https://qrcd.org/8HCM).

En Venezuela, la recaudación impositiva (excluyendo el impuesto inflación y el señoreaje) representa aproximadamente el 9.5% del PIB. Este porcentaje incluye impuestos sobre la renta, el valor agregado (IVA), y otros impuestos indirectos y directos. Esta caída de ingresos por Chevron representaría entonces una caída aproximada del 13% de los ingresos fiscales en Venezuela. Está caída puede ser compensada de varias formas:

1. Reducción en el gasto público: El gobierno podría verse obligado a reducir el gasto en servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura, lo que afectaría negativamente la calidad de vida de los ciudadanos.
2. Aumento de la deuda pública: Para compensar la disminución de los ingresos, el gobierno podría recurrir a endeudarse más, lo que aumentaría la carga de la deuda y los costos de financiamiento a largo plazo.
3. Inflación: La reducción en los ingresos fiscales podría llevar al gobierno a imprimir más dinero para financiar sus gastos, lo que podría aumentar la inflación y disminuir el poder adquisitivo de la población.
4. Desempleo: La disminución en el gasto público y la posible contracción económica podrían llevar a un aumento en el desempleo, afectando aún más la economía y el bienestar de los ciudadanos.
5. Inestabilidad social: La combinación de menor gasto público, mayor inflación y desempleo podría generar inestabilidad social y aumentar las protestas y el descontento entre la población.

Estos son solo algunos de los posibles impactos.

En cuanto el impacto político esta caída de ingreso aumentaría el descontento de la población por el mayor deterioro de los servicios públicos, situación que hoy en día es grave sobre todo por los servicios de agua potable, electricidad, gas y combustible especialmente en las regiones al interior de país que no se encuentran en eje centro costero.

Además, con este escenario, habrá un regreso una aceleración de la tasa de devaluación y de la tasa de inflación. También conduciría, a una contracción de la actividad económica ya un aumento de la tasa de desempleo. Todo esto afecta la popularidad del régimen actual.

Sume a esto, la amenaza del gobierno de una reforma constitucional que tiene como principal oferta; quitar más derechos al ciudadano y darle mas poder al poder. Con la intención explicita, de crear con esa nueva constitución, una dictadura constitucional a través del poder comunal. Eliminando de facto los pocos espacios de pataleo que queda a quienes nos resistimos a un avance de un autoritarismo peor al mostrado después del 28J.

La pregunta es, ¿si los ciudadanos nos quedamos como los borregos que los conducen al matadero, o habrá una respuesta de la sociedad civil?

Ya sé demostró que más del 80% de la población rechazo los 25 años de destrucción del proyecto socialista.

¿Acaso hemos renunciado al derecho ciudadano, y lloraremos como cobardes, lo que no defendimos con valor?