Son abundantes los ejemplos que demuestran que la maquinaria estatal construida por el chavismo-madurismo

para sepultar las elecciones como expresión libre y soberana del pueblo, se alineó con el fin de impedir que el próximo 28 de julio se exprese libremente la voluntad de cambio que siente la inmensa mayoría de los venezolanos. Nicolás Maduro y su gente utilizan el Estado para infundir miedo, extorsionar y crear la sensación de que el régimen es inamovible.

En una ocasión, el régimen –a través del Seniat- ordena el cierre de un humilde restaurante en Guárico donde se venden empanadas, porque allí María Corina Machado compró unos cuantos desayunos para ella y la gente que la acompañaba. En otra oportunidad también utiliza el órgano de recaudación tributaria como alicate para clausurar modestos hoteles donde se albergan María Corina y sus acompañantes; o donde la oposición convoca pequeñas reuniones. En otro momento, apela a la Guardia Nacional Bolivariana para apresar a los dueños de unas canoas que trasladaron a María Corina de una orilla del río Apure a la otra. Otro día se vale, desde luego, de la policía política, el Sebin, para perseguir, desaparecer y encarcelar a jóvenes activistas de Vente Venezuela, promotores de la candidatura de Edmundo González.  

En un plano institucional más formal, Maduro le ordenó a la Contraloría General, cuando Elvis Amoroso era el contralor, que inhabilitara a María Corina, y, posteriormente, al TSJ que ratificara la sanción.

En una fase posterior y más cercana, ya siendo Amoroso presidente del CNE, Maduro le pidió a este que se dirigiese a la Unión Europea con el fin de revocar la invitación como observadora en los comicios del 28J, que previamente el cuerpo colegiado le había formulado. Amoroso lo hizo sin consultar a los rectores representantes de la oposición. Además, Maduro le prohibió al CNE que cumpliese con las funciones previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y que se limitara a seguir las directrices provenientes de la presidencia de la República, entre ellas, obstaculizar la inscripción de venezolanos en el exterior y evitar la observación de aquellos organismos que pueden resultarle incómodos al Gobierno, sin importar si son nacionales o foráneos.  

No pretendo agotar el extenso inventario de abusos del Gobierno, sólo aspiro a mostrar unos cuantos casos en los cuales el régimen se ha valido del aparato estatal para imponer sus propias normas, violando el Acuerdo de Barbados y todo el marco jurídico que rige las elecciones en Venezuela.

Esta atmósfera opresiva sería asfixiante y desoladora si en el país no existiera un conjunto de condiciones distintas y novedosas para la cita de julio. Menciono algunas de ellas.

Por primera vez en un cuarto de siglo la oposición llega a una elección presidencial con una amplia ventaja en todas las encuestas serias. Este estado de opinión colectiva se debe a la confluencia de factores como los siguientes: la pésima gestión de Maduro durante los once años que ha sido presidente de la República, que ha hundido su popularidad; la emergencia y consolidación de María Corina como una líder nacional que atrae y galvaniza multitudes en todo el país y en todos los estratos sociales; la existencia de Edmundo González, un candidato unitario que transmite confianza y seguridad; una dirección colectiva, la Plataforma Unitaria Democrática, capaz de resolver sus diferencias internas, preservar la unidad y mantenerse en la ruta electoral, a pesar de las continuas provocaciones y tácticas del Gobierno para desintegrarla; un pueblo entusiasmado que ha ido recuperando la confianza en el voto en cuanto instrumento de cambio y que entiende la importancia de organizarse para enfrentar las pretensiones de un régimen que quisiera desconocer la voluntad popular; y una comunidad internacional cada vez más atenta, interesada y comprometida con lo que ocurre en Venezuela y con lo que podría suceder si el 28J se perpetra un fraude y se desentiende de la suerte de los venezolanos.

En este punto me detengo para subrayar la importancia de Lula da Silva y de Gustavo Petro, ambos presidentes figuras destacadas de la izquierda latinoamericana. Los dos mandatarios, especialmente Lula, en diferentes escenarios han insistido en la conveniencia de que en Venezuela se realicen comicios transparentes, que le den plena legitimidad al Gobierno que surja de las urnas electorales. Ninguno de los dos mandatarios parece dispuesto a avalar una trastada contra el acto del 28J, en el caso de que Maduro pretendiese quedarse en Miraflores por las malas. El contexto internacional, por lo tanto, no es favorable a una maniobra indebida de Maduro.

Aunque el camino que falta por recorrer hasta el 28J luce lleno de peligros, nunca antes las aspiraciones democráticas habían contado con tantas condiciones favorables para obtener una victoria categórica e indiscutible. ¡Sigamos adelante!