¿Podría un gobierno ser “inhabilitado”? Tal vez sí. Así pues, que asentir tan gruesa contradicción precisa considerar la necesidad de revisar algunos postulados

no sólo en el ordenamiento jurídico que desde la Constitución rige aquella nación donde el supuesto problema pueda tener lugar. 

También en la teoría política toda vez que sus criterios se pasean por innegables consideraciones referidas a situaciones conflictivas que habrían burlado valores relacionados con la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la ética, la moralidad y el pluralismo político. Todo lo cual representa un cuadro caótico que, incluso, afectaría la economía nacional y la sociedad en su conjunto. Y de manera desastrosa.

No obstante, vale principiar esta aventurada hipótesis, imaginando una realidad azotada por la desaparición del Debido Proceso y de un Estado de Derecho cuya fuerza jurídica permite un ejercicio político en el cual se abren los cauces que hacen fluir doctrinas políticas que insuflan formalidad a toda acción que motiva la conciencia necesaria para actuar en consonancia con la verdad, la libertad y la ecuanimidad sobre las cuales se erige la existencia inmutable e íntegra del ser humano. 

Abstracción de la realidad

De haber desaparecido tan vital condición de vida, como lo apunta la atrevida hipótesis acá expuesta, habrá cambiado la realidad ideológica del mundo. Se habrá transitado de un mundo identificable y afianzado con base en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, a otro en el que todas las incertidumbres, dudas y falsedades serían posibles.

Pues es el mismo mundo en el que se sanciona cualquier determinación, a soslayo de la conocible normativa constitucional. Es el caso en que a instancia de cuanto interés político convenga a las coyunturas más inicuas, se ordena la más aborrecible sentencia que pueda caber en el contexto jurídico a partir del cual se erige el poder público nacional, las libertades, derechos y deberes que corresponden tanto al entramado gubernamental, como a la sociedad en general. 

De manera que, en el fragor de tan desquiciada realidad política, luciría factible inhabilitar política, jurídica y administrativamente a un individuo de sus derechos, libertades y garantías. Incluso, el alcance de tan arbitraria medida puede afectar a un colectivo. Indistintamente de su condición, tamaño y tipo de organización que rija su funcionalidad. Y un gobierno, en lo cierto, es un colectivo organizado, dirigido a ordenar política, económica y socialmente el entramado externo. 

Implicaciones jurídicas 

Quizás en el entorno de tan oscura situación, la inhabilitación sigue considerándose un crimen de lesa humanidad. Un acto de persecución fundado en escuetas motivaciones políticas u otras que afectan derechos propios del pluralismo humanitario. Más aún, evento éste remarcado por contravenir preceptos que estiman el orden legal del debido proceso acusador enturbiando por consiguiente la realidad política y social. Es el caso de pretender acusaciones o actuaciones al margen de las exigencias pautadas por la ley en su exactitud jurídico-legal. Y bajo un arreglado amparo constitucional.

Cualquier presunción de cometido o acusación por un gobierno alevoso, usurpador y timador, habrá de verse teñida de falsedad o de nulidad absoluta. Por ello, puede inculparse al ejercicio de un poder político incitado por causales extemporáneas. Además, en contradicción con el ámbito o rigor normativo al cual ha suscrito sus responsabilidades. En consecuencia, cualquier intención de opresión política, cometida bajo arbitrariedad o alevosía por parte de quienes se arrogan poder político forzada e ilegítimamente, deberá ser sancionado por la justicia de manera inminente. Y acá cabría plenamente la calificación de “inhabilitación”. 

Implicaciones políticas

La teoría política admite la misma afectación que describe el ordenamiento jurídico ante la irascible acusación a la que la realidad califica la condición de “inhabilitación”. Particularmente por cuanto los fundamentos de la teoría política, igual parten del hecho de validar el respeto, la dignidad, la libertad y la verdad como cimientos de toda estructura política que se precie de sus propósitos a ser alcanzados en beneficio del bienestar del individuo.

En conclusión, cabría aceptar la posibilidad de considerar a un gobierno “inhabilitado”. Desde luego, en el alboroto de una realidad sumida en la arbitrariedad inducida por el desorden que, de seguro, sería causado por la anomia. O sea, toda vez que la ausencia de valores en el desempeño del gobierno convulsionado y, por tanto, “inhabilitado” lo cual habrá obedecido a una situación jurídica caótica, causante de conflictos de difícil resolución. Por tanto, en el centro de dicho contexto es posible imaginar una realidad caracterizada por la representación vergonzosa de un gobierno “inhabilitado”.