La política ambiental en Venezuela tiene que estar dirigida hacia la recuperación social, económica y política.

Tiene que consustancial con la sostenibilidad y enfatizar principios de responsabilidad ambiental y protección de los derechos humanos ambientales. Se requiere el impulso de la construcción de una nueva institucionalidad ambiental autónoma y de alto nivel para que el Estado venezolano cumpla con sus funciones primordiales de respeto, protección y adopción de todas las medidas apropiadas para lograr la plena efectividad de los derechos humanos ambientales.

Se tienen que tomar acciones dirigidas a promover un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Hay que garantizar agua potable a cada ciudadano, el saneamiento de aguas, así como la protección contra los efectos negativos del cambio climático, especialmente entre los grupos vulnerables.

Hoy vemos cómo el Arco Minero del Orinoco está desatendido. Allí lo que hay es un eje de contaminación ambiental sin ningún control para contrarrestarlo. Se debería atender a las personas afectadas por la contaminacion por mercurio, la malaria y otras enfermedades derivadas de la degradacion ambiental:  esa es la realidad que se vive en sur del país.

Se tiene que fortalecer la educación ambiental para que la ciudadanía tenga las capacidades para actuar y apoyar la construcción del desarrollo sostenible.