“El centralismo en Venezuela ha alcanzado proporciones desmesuradas, tiene marcado sesgo de régimen presidencialista y es, por ende, excluyente y antidemocrático”.

Un poder político, administrativo y financiero en manos, sobre todo, del presidente y su gabinete, se traducía “en la progresiva absorción de una diversidad de competencias propias de las regiones y localidades (…) Además, ha extendido sus tentáculos al sector privado, en desmedro de la sociedad en general y su gobernabilidad”. A finales de 1999, la profesora y geógrafa venezolana Rosa Estaba exponía en esos términos sus consideraciones en relación a un asunto crucial para el futuro del país: la descentralización política, la imperiosa reforma del Estado. Con vigorosa argumentación denunciaba una serie de distorsiones estructurales inherentes al centralismo, como el estatismo y el populismo, “reproductores inexorables de todos los vicios que ponen en crisis a las sociedades de América Latina y obstáculos para avanzar en el diseño y construcción de un proyecto de desarrollo”.

No era nueva, sin duda, la anomalía que allí se desentraña: la de ese Estado cuya hegemonía desmesurada se traduce en andamiaje de instituciones “débiles y cargadas de ineptitudes, incapacidades, limitaciones y barreras” que, amén de agudizar problemas acumulados en niveles superiores, impedían desarrollar la labor de rectoría, planificación y evaluación de políticas públicas desplegada aguas abajo. Pero tal preocupación se conectaba con un debate más o menos extendido durante los años previos. Si bien el trabajo de cambiar la cultura política imperante era especialmente ardua, dados los niveles de entronización de una dinámica que imponía su marca de bautismo a la República, no es menos cierto que en la segunda mitad del siglo XX se dieron importantes pasos para consolidar dicha gesta.

Tras la publicación por parte de COPRE de las Propuestas para Reforma Política Inmediata (1986), el debate en torno a la necesidad de abordar un proceso de transferencia de competencias desde la administración central a las administraciones intermedias y locales, cobra fuerza. Aún trajinando con la resistencia a iniciativas que eran juzgadas por actores políticos como “demasiado radicales”, la campaña presidencial de 1988 provee un espacio apto para impulsarlas. Fue así como en 1989 se celebra la primera elección directa de gobernadores y alcaldes, y se aprueban leyes como la de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (instrumento previsto en la Constitución de 1961). En materia de descentralización y modernización institucional encontramos acá un ciclo pleno de hitos, que corrían en paralelo con los anuncios económicos, también paradigmáticos, de “El Gran Viraje”, la redefinición del papel del Estado en la economía. A pesar de la ingrata suerte que corrió el programa de ajustes y estabilización macroeconómica cuando este empezaba a asomar la posibilidad de un crecimiento sin inflación, la descentralización encontró en la COPRE un espacio para la articulación y búsqueda de soluciones, para el encuentro amplio y plural a favor de la división racional del trabajo entre los diferentes niveles territoriales de Gobierno.

Lamentablemente, los históricos entuertos que una generación pretendió corregir por la vía lógica de la profundización democrática, reviven gracias al salto-atrás registrado a partir de 1999. La ironía es que a lomos de la denuncia contra un Estado hipertrofiado y clientelista, la revolución bolivariana irrumpe para llevar a límites insospechados la desviación de marras, ignorando el desplome del comunismo, “la quiebra de la casa matriz” (Emeterio Gómez dixit) y esgrimiendo una “democracia directa” cuyos presuntos ejes serían el Poder Popular y el Estado Comunal. Apenas excusa para el relanzamiento de un “cesarismo democrático” de nuevo cuño, nos consta. Pero más allá de la archisabida estafa, el tema adquiere oportunas implicaciones a la luz de la discusión sobre la pertinencia y alcances del Estado moderno. Percibido como Leviatán en agonía y del todo sacrificable, según libertarios y anarcocapitalistas hoy tan en boga; como munífico proveedor, legítimo distribuidor de riqueza, único garante de seguridad para defensores de economías planificadas y entusiastas de la compulsiva acumulación de poder. O como “mal necesario” y siempre susceptible de mejoras y controles por parte de demócratas realistas, dispuestos a lidiar con las crisis, desafíos, cambios y adaptaciones que toda democracia entraña. Ante situaciones como las que afectan a El Salvador o Ecuador, el dilema hobbesiano entre ampliar libertades y derechos o reducir las amenazas propias de la lucha por la supervivencia, resurge hoy con inusitada fuerza.  

En su obra El pasillo estrecho (2020), Daron Acemoglu y James A. Robinson ofrecen una interesante visión al respecto. En sociedades donde ha estado ausente el Leviatán, afirman, el problema no es sólo la violencia incontrolada de este “hombre, lobo del hombre”, sino también la jaula de normas. Una que crea un “conjunto rígido de expectativas y una panoplia de relaciones sociales desiguales”, e introduce una forma de dominación; distinta, sí, pero dominación al fin. Por otro lado, la historia demuestra que Estados todopoderosos y centralizados como los del Tercer Reich o el de la China de Mao Zedong, lejos de promover libertades suelen terminar reprimiéndolas, despojando al individuo de derechos, aterrorizándolo; maestros del “shock and awe” y el sometimiento voluntario. Pero la solución tampoco parece estar en la nueva utopía libertaria: inhabilitar, borrar prácticamente a ese Estado y sus instituciones para que no puedan interferir en la lógica social, incluido ese mercado al que acaricia la inefable “mano invisible”.

Entre una y otra opción -la de la guerra de todos contra todos, o el despotismo- el camino es el del equilibrio, una síntesis alejada de los extremismos. Se trata de promover un Estado distinto a esa bestia marina sin limitaciones que Hobbes vislumbró, y más bien pensarlo en términos de un Leviatán encadenado: capaz de coordinar acciones para “hacer cumplir leyes, controlar la violencia, resolver conflictos y proporcionar servicios públicos”, pero dominado, vigilado, controlado “por una sociedad asertiva y bien organizada”. Una sociedad, valdría la pena agregar, cuya libertad-autonomía se ve potenciada por la descentralización del poder, movida por la solidaridad (en tanto virtud política) y el Consensus iuris, tal como preconizaba Arendt. 

La humanidad sigue reflexionando acerca de cómo desarrollar esos mecanismos de contención/cooperación, de hacerlos insoslayables para que el Estado no se vuelva indiferente a la sociedad, para que opere como un (incluso imperfecto) “agente de coaliciones” (Przeworski). Con más o menos éxito, hay que decir que ese marco de acción ideal suele vincularse al pasillo estrecho de la democracia. Según Acemoglu y Robinson, sólo allí se da el surgimiento de ese Leviatán encadenado que desarrolla una capacidad del Estado mayor, más efectiva y profunda, tendiente tanto a la creación de incentivos económicos, a la movilidad y la reducción de la desigualdad social como a la ampliación de derechos y la participación política. La sana tensión entre osadía y prudencia es clave. Los ejemplos no se reducen a la Atenas blindada por las reformas de Solón o Clístenes y bien gobernada por Pericles; o a la naciente República estadounidense, sensatamente bautizada en la doctrina de separación de poderes. En la actualidad, países como Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia destacan por sus economías prósperas y abiertas, por exhibir las menores cifras de desigualdad en el mundo y ocupar los primeros puestos del Índice de Desarrollo Humano. Sistemas, judicaturas y burocracias funcionales y receptivos, prestos a evolucionar aunque convenientemente encadenados por los ciudadanos, sugieren que el mal no reside per se en el Estado sino en la calidad de esas cadenas.