En marzo venidero, se cumplirán dos años en Venezuela sin que haya habido un aumento salarial,

pese a que el deterioro de los salarios ha sido más que evidente. Da vergüenza tener que insistir sobre algo que todo el mundo sabe. Se puede ser chavecista, chavecista-pro gobierno, pro gobierno no chavecista, opositor extremista, opositor democrático, fanático de cualquier parcialidad, neutro o indiferente, pero todos sabemos que el ingreso de los trabajadores del sector público, de los pensionados y de los desempleados, está en el rango de miseria extrema. Incluso hoy, luego del aumento del bono de guerra, el cual no es recibido por todo el mundo, buena parte de estos sectores numerosos de la población reciben mucho menos de dos dólares diarios, lo que significa que están claramente por debajo del nivel de subsistencia internacionalmente determinado. Otros podrán estar alrededor de los dos dólares diarios o, con suerte, un poco por encima de esta cifra. No olvidemos, además, que durante mucho tiempo esos dos dólares se recibían mensualmente y no diariamente.

No es posible esconder esa lamentable realidad. Cualquier gobierno serio y responsable debería arrancar por aceptar su inmenso fracaso en relación con lo que se propuso, si es que realmente su meta era enfrentar y modificar la realidad crítica existente hace un cuarto de siglo, en función del bienestar y progreso de toda la nación. Es inaudito que tengamos que escuchar hoy expresiones de júbilo, ante supuestos éxitos inexistentes en absoluto. Cómo es posible que no se diga que el PIB del año 2023 estuvo muy por debajo del logrado en 2022, lo que de por sí ya significaría un revés para cualquier gobierno. Ante el deterioro educativo, de salud y de todos los servicios de infraestructura (electricidad, agua, telecomunicaciones, vialidad, transporte), no luce lógica una actitud triunfalista, de celebración, carente en absoluto de autocrítica y continuadora de acciones políticas y económicas fracasadas y en manos precisamente de sus ignorantes responsables.  

Hoy, la soberanía nacional está fuertemente comprometida por las sanciones, incluso más que en los tiempos del general Gómez. Se nos ha despojado de la capacidad de decidir sobre el manejo de nuestro petróleo. Es el Departamento de Estado quien decide qué empresa puede negociar con PDVSA, qué tipo de negociación se puede hacer, qué cantidad de hidrocarburos se pueden vender y a cuál país hacerlo. Esta es una atadura que no tuvimos en el pasado adecocopeyano, pese al adelanto de 10 años que hizo Carlos Andrés Pérez de la reversión petrolera. Tampoco lo sufrimos con los gobiernos de Chávez, a pesar de su política de apertura internacional hacia otros mercados. Y no se puede argüir que las sanciones nos fueron impuestas, pues, aunque eso es verdad, hay una responsabilidad de quien gobierna en relación con los enfrentamientos que despliega frente a los países poderosos, en los que no debe comprometer irresponsablemente la vida y el destino de la nación venezolana.

Y con lo señalado no le resto responsabilidades a quienes, presentándose como la alternativa al gobierno actual, no han hecho sino contribuir al despojo de la nación venezolana y a fomentar el enriquecimiento ilícito de personas y grupos, que más que políticos parecen mafias delictivas. No necesitaron llegar a ser gobierno real, para mostrar una conducta depredadora gigantesca, afortunadamente limitada por el hecho de sólo administrar los activos del país en el exterior. La continuidad de la Asamblea Nacional de 2015, sin ninguna lógica ni base legal ni constitucional, mantenida incluso después de desaparecido el exabrupto del gobierno interino de Guaidó, es una de las peores perversiones habidas en el país en todos los tiempos. Estructuras como la llamada “junta ad hoc de PDVSA”, integrada por delincuentes de corbata y cuello blanco, responsables en buena parte entre otras cosas de la pérdida de CITGO, sin que esta verdad reduzca las culpas del gobierno de Maduro, deberían desaparecer cuanto antes.

En este último sentido y en lo ya señalado de las imposiciones del gobierno gringo a nuestra república, se debería aprovechar la situación geopolítica mundial actual, para negociar en una mejor posición en relación con el gobierno norteamericano. Sus urgencias actuales nos dan una herramienta para no sólo exigir la eliminación total de las sanciones y el respeto de nuestra soberanía petrolera y de todo tipo, sino para trabajar en función de la paz mundial. Somos una fuente cercana y segura de petróleo, alejada de los conflictos que lamentablemente azotan otras regiones, y esta situación se debe aprovechar en la forma más inteligente posible en función de los intereses de nuestra nación.