El pasado 22 de octubre la oposición venezolana realizó una consulta primaria para elegir al candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro

en las próximas elecciones presidenciales. María Corina Machado con una retórica confrontacional, pro-mercado y privatizadora logró cautivar a la abrumadora mayoría (92,5%) de los votantes de la oposición venezolana que participaron en dicha contienda.

La participación de Machado en las elecciones primarias y su disposición de competir en las presidenciales del 2024 denota un cambio radical en su visión política. Vale acotar que ella impulsó junto a Leopoldo López y Antonio Ledezma la tesis de que la ruta electoral estaba agotada y que era necesario avanzar por la vía insurreccional (jornadas del 2014 y 2017), de la fractura militar, o la invasión militar extranjera. Además, fue enemiga confesa a cualquier iniciativa de negociación con el chavismo, acusando a los interlocutores de "colaboracionistas". 

Con su triunfo Machado logra destronar a partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo quienes históricamente han liderado la dirección política de la oposición a través del llamado G4. Pero, además, la primaria le ha servido para consolidar su hiperliderazgo en el campo opositor, más allá de su designación como candidata unitaria. 

En días pasados el régimen de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos negociaron el acuerdo de Barbados, el cual contó con el beneplácito de la oposición venezolana. La Casa Blanca ha insistido que la aplicación de ese acuerdo (suspensión de sanciones económicas en materia de petróleo, gas y oro) depende de la habilitación política de Machado. Miraflores ha respondido invitando a los inhabilitados a transitar un camino tortuoso, fraudulento y peligroso ante el TSJ. Para nadie es un secreto que el TSJ forma parte del entramado represivo que el régimen usa en contra de la disidencia política; sus integrantes deciden los casos con base a sus convicciones partiditas -socialfascismo bolivariano- en lugar de hacerlo apegados a la Ley. 

Todos sabemos, que las inhabilitaciones, al igual que el secuestro de partidos políticos son parte de los abusos y atropellos inconstitucionales del régimen de Maduro en contra de todo aquel que no comparte su proyecto autoritario. Sin embargo, al margen de todas estas verdades, sobre Machado pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le impide inscribir su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. El argumento de que Machado ya fue habilitada por su amplio apoyo popular no es más que otra quimera como la del gobierno interino de Guaidó.

La falta de mecanismos para designar un candidato opositor alternativo, aunado a la negativa de la propia Machado de renunciar en favor de un candidato habilitado (hasta el final) genera incertidumbre ante una contienda presidencial sin candidato opositor con apoyo popular. Además, la perplejidad que ante el fracaso en su habilitación, Machado promueva protestas de calle, opte por el boicot electoral y llame a transitar atajos no viables.

Seguimos inmersos en nuestro laberinto. ¿Y ahora qué hacer?