El miércoles de la semana pasada la “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”,

La Misión Internacional, en lo adelante, para resumir, presentó su cuarto informe.

Los lectores se servirán recordar, que esta última presidida por la jurista, Marta Valiñas, fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mediante la resolución 42/25, de 27 de septiembre de 2019. 

Inicialmente, se previó que el referido organismo ad-hoc, operaría por el término de un año. Así será la avalancha pero sobre todo, la gravedad de las violaciones de derechos humanos, perpetradas por la camarilla presidida por Nicolás Maduro, que la duración de la Misión Internacional, se enrumba hacia su carácter de permanente.  A menos que a los votantes venezolanos, se les ofrezca la posibilidad de elegir su nuevo presidente mediante elecciones limpias, aunque sea a medias, porque el rechazo a la satrapía que desgobierna Venezuela frisa un repudio popular del 80%.

El  informe del referido miércoles se centra en dos áreas (i) El aparato estatal y sus mecanismos de represión y las restricciones del espacio cívico y democrático; y (ii) la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) como parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en julio de 2022 como continuación, en términos de estructura, mando y modus operandi, de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Según la Misión Internacional, las modalidades de violencia y coacción desplegadas por los nuevos organismos represivos, se han "actualizado" en función de la percepción sobre la naturaleza y la intensidad de las acciones de la disidencia. Pero sus víctimas siguen  siendo los de siempre: luchadores sociales, estudiantes, sindicalistas, abogados, periodistas,  defensores de los derechos humanos, así como miembros de partidos verdaderamente opositores.

Destaca la Misión Internacional, sin embargo, la implementación, como política de Estado en Venezuela, de la “Sippenhaft”. Nosotros ya lo habíamos denunciado, dos semanas atrás en estas mismas crónicas. Nos referimos a la retorcida práctica trasplantada del nazismo más feroz. Ya no les basta con perseguir al considerado como adversario. El informe documenta similares atropellos contra hijos, padres, esposas, esposos, familiares, amigos, vecinos. Hasta gatos, perros y, en general todo objeto o ser viviente que tenga vínculos directos o lejanos, con cualquier conducta opositora ¡Al demonio con la prohibición universal de los castigos colectivos!

En este cuarto informe de la Misión Internacional, además, se comprueba  el confiscamiento del derecho de asociación ciudadana, las inhabilitaciones políticas a todas luces arbitrarias, así como la nueva modalidad de agresión contra la libertad de información consistente, en el bloqueo de la Internet contra portales de noticias por el pecado de lesa RoboLución de ser independientes e informar con apego a la verdad.   

La satrapía no ha dado el menor indicio de rectificación. Al contrario. A ningún integrante del equipo de la Misión Internacional se le ha permitido ingresar a Venezuela. Venían cumpliendo su trabajo desde Colombia. Ahora se han visto constreñidos a trasladarse a Centroamérica -no revelamos el lugar específico, por razones obvias- a causa de las intimidaciones recibidas de los compinches del señor Gustavo Petro y de la satrapía encabezada por Nicolás Maduro. 

El  dictamen del 18 de septiembre refleja que los 21 millones de venezolanos, que aún quedan en el país, se encuentran en situación de rehenes. A  cambio  del cese de la represión, el desgobierno sátrapa, cual  vulgar secuestrador de alguna agencia bancaria, exige el pago del rescate, en este caso, el levantamiento de las sanciones internacionales. 

Solo que el sátrapa y su satrapía pretenden cobrar el rescate y permanecer aferrados al Poder. Para seguir secuestrando y enriqueciéndose con el mismo chantaje.