¿Legítimas ansias de justicia?

¿La enésima gresca entre ladrones por otro reparto de botín?

¿“Cortina de humo” para ocultar que la fementida recuperación económica, murió antes de nacer y que los venezolanos a partir del reciente colapso de la moneda nacional tendremos menos con qué subsistir de una manera decorosa?
Vaya a saber cuál es la verdadera causa, del actual escándalo con motivo de la posible extradición de Rafael Ramírez Carreño, exzar de la otrora Primera Industria de Venezuela y de su retorsión contra Maduro, la mujer de Maduro, la familia de Maduro, los compinches de Maduro, entre éllos, El Aissami, el Robespierre o verdugo de turno.

Al Capone y demás capos de las organizaciones criminales sicilianas han sido gente decente, si los comparamos con los narcobandoleros que usurpan el Poder en Venezuela. Por lo menos, acatan la “Omertá ”. Una ley no escrita que impone a los mafiosi, la no delación recíproca aunque sea a riesgo de la propia vida.

Para los sedicentes bolivarianos, la única ley es que no hay ley. Que vale todo. Lo corroboran las acusaciones públicas que ahora se entrecruzan entre sí. Igual que las colipoterras a la hora del cierre del burdel (Excusas para esas esclavizadas mujeres por la comparación tan ofensiva).

Nunca ha habido, entre los integrantes de la gavilla que usurpa el Poder en Venezuela, sincera voluntad de sancionar, a quien a lo largo de 12 o 13 años, desbancó a Pdvsa hasta llevarla a su literal punto de extinción.
Lo corrobora la causa AA30-P-2018-000219, que cursa ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, contentiva de la primera de las solicitudes de extradición del prófugo, hoy, por hoy, más opulento de la Tierra. La revisión aunque sea de soslayo de dichas actas y de las circunstancias de la mascarada de la nueva solicitud de extradición de Ramírez, pone de manifiesto, que la voluntad no es castigar al supuesto ladrón (lo de “supuesto” es licencia que nos tomamos porque hasta el sospechoso más repugnante debe presumirse inocente hasta que se le demuestre lo contrario).

Los delitos cometidos por Ramírez según el citado expediente, se perpetraron con la adjudicación, a dedo, sin cumplir la obligada licitación, de un contrato por la bicoca de US$ 1.300 millones a favor de “Petrosaudí Oil Services (Venezuela) Ltd” cuyo objeto dijo ser “el suministro y operación de una unidad de perforación costa afuera en la plataforma Aban Pearl, propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (casa matriz)”.

No fue sino siete años después de tal desfalco cuando se inició su hipotética investigación. O lo que es lo mismo: cuando Ramírez Carreño, se encontraba, mar por medio, muy lejos del alcance de los tribunales venezolanos y se solicitó su captura al gobierno de España, solo que no fue sino hasta otro año adicional (seis de noviembre de 2019) cuando la vindicta pública “bolivariana” se percató ¡Oh sorpresa! que el prófugo jamás estuvo avecindado en España, por lo que el pedido de su entrega tuvo que redirigirse hacia Italia, su paradero desde que cesó en sus funciones públicas. La ya referida Sala de Casación, a su vez, se tomó ocho meses más, es decir, hasta el 29 de julio de 2020, para proveer la solicitud del Fiscal. Total, casi nueve años . Tiempo más que holgado para que Ramírez, que está o estuvo casado con dama de nacionalidad italiana, obtuviese tal ciudadanía.

Entre Venezuela e Italia, rige un viejo Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial en Materia Penal del 23 de agosto de 1930, que prohíbe la entrega de los nacionales de los Estados firmantes. Quiere decir que cuando ¡por fin! Venezuela solicitó a Italia la captura de Ramírez, este último, ya ciudadano de la nación peninsular, no podía ser objeto de ese requerimiento. No obstante, el Tratado bilateral en cuestión, establece el principio aut dedere aut judicare conforme al cual el Estado parte que no acuerde la extradición de su nacional por la calidad de tal, se obliga a juzgarlo ante sus propios tribunales.

¿Por qué la narcotiranía entronizada en Venezuela si le tiene tantas ganas a Ramírez no ha exigido, basado en tal postulado, su aprehensión y juzgamiento por el Estado italiano, el cual, dicho sea muy de paso, se ha prestado muy gozoso al celestinaje del evadido? (“per l'oro, il dollaro e l'euro, la rana salta”).

Ramírez Carreño, sin presentar prueba alguna al respecto, ha declarado a los medios que, su primera extradición, no fue rechazada por su condición de naturalizado italiano, sino porque una Corte Penal Superior de Roma, dictaminó que era un perseguido político de la narcotiranía de Venezuela. Sea como fuere, por italiano o por hipotético perseguido político, cualquier nueva extradición en su contra parece destinada al naufragio. A menos que haya renunciado a su nueva ciudadanía -cosa su dudamos porque además de las italiana y venezolana, tendrá unas cuantas más. Y en el supuesto negado, que una Corte con sede en Roma ya le hubiese declarado perseguido político, los demás operadores de justicia de ese país tendrían que atenerse a tal cosa juzgada. Salvo que hubiesen cambiado las circunstancias políticas en Venezuela, que ¡claro que han cambiado! pero, para peor.

Es la primera vez, por lo menos en los últimos 23 años, que un ministro acude en persona, como lo hizo El Aisami, ante la Fiscalía General de la República para activar la extradición de un ciudadano. Lo que le agrega elementos al sainete de la persecución política. Tanta torpeza, no cabe en ninguna cabeza. Salvo que sea, lo que verdaderamente es: Una treta barata para que los venezolanos olviden, aunque sea por fracciones de segundos, que no tienen con qué comer; que la cotización de la moneda nacional, está en camino de su enésima megadevaluación y que lo de la recuperación económica cacareada por Maduro, es y ha sido chapuza pura.

Dicho sea muy de paso, el señor Ramírez, al pretender exculparse de manera pública de los graves señalamientos que se han hecho en su contra, no invoca, ni la eficiencia, ni la probidad de sus ejecutorias. Se limita a blandir los “puntos de cuenta” que demostrarían que contó con las autorizaciones firmadas de, Hugo Chávez. Como si el aval de semejante ladrón lo liberase, ope legis, de todo crimen.

Con gente así, hasta, el referido Al Capone, es un santo.