El Gobierno se sacó de la manga una nueva excusa para evitar el diálogo con la oposición.

Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del régimen en la mesa de negociaciones, condicionó el restablecimiento de esas conversaciones a lo que ocurra con el avión venezolano-iraní retenido por la Justicia argentina. El Poder Judicial de esa nación investiga los supuestos nexos existentes entre algunos, o todos, los miembros de la tripulación (14 venezolanos y cinco iraníes) con el terrorismo internacional.  

Rodríguez fue taxativo: “No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado, Álex Saab”. Incluso se tornó más agresivo: «Esa señora (la fiscal) recibe instrucciones de la embajada de Estados Unidos. ¿Eso es un poder judicial independiente? Eso es una podredumbre, un sistema judicial arrodillado». Pedro Carreño aún fue  más lejos en los ataques; se dirigió directamente a Alberto Fernández. Me abstengo de citarlo porque no me gusta andar por los pantanos de la escatología.

La más reciente respuesta del Gobierno al episodio del avión que aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza es desatinada por los cuatro costados. Maduro y Rodríguez creen que el Poder Judicial argentino opera como el venezolano. No conciben que un fiscal del Ministerio Público pueda ordenar de forma independiente retener los tripulantes y el aparato con el fin de realizar las investigaciones correspondientes. Ese vuelo, procedente de México, había sido detectado por la inteligencia paraguaya, la cual impidió que el avión aterrizara en La Asunción para abastecerse de combustible y seguir su viaje hacia Irán. En vista de esta negativa, el piloto se vio obligado a dirigirse a Buenos Aires, donde ya las autoridades habían sido advertidas.

Lo que más llamó la atención de los cuerpos de seguridad fue la presencia de los cinco tripulantes iraníes, entre ellos el piloto de la nave, un señor al que la inteligencia paraguaya vincula con las temibles fuerzas Quds, división élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, especializada en guerra asimétrica y distintas formas de terrorismo. Comandante de ese cuerpo había sido el poderoso general Qasem Soleimani, asesinado por los norteamericanos en Bagdad mediante un misil disparado desde un dron. 

El Gobierno y el Estado argentino, especialmente su Poder Judicial, son muy sensibles a todo lo relacionado con la República Islámica de Irán. En 1992 y en 1994 se cometieron dos de los atentados terroristas más letales que se hayan perpetrado en tierra argentina. En el 92 fue contra la embajada de Israel; hubo 22 fallecidos. En el 94, el delito se cometió contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En él murieron 85 personas y al menos hubo 300 heridos. El Gobierno argentino de la época tenía la firme convicción de que el Estado iraní y el grupo chiíta Hezbolá, de El Líbano, eran responsables directos de esos actos criminales. Desde entonces, las relaciones entre ambas naciones han sido tensas, o al menos, poco cercanas. En Argentina, las sospechas de terrorismo siempre merodean a los iraníes. 

Esos datos tenían que conocerlos Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional. Lo que ocurre es que como el Gobierno parece una colcha de retazos, una especie de figura humanoide creada por el doctor Frankenstein, nadie se preocupó por estudiar el itinerario y advertir los riesgos que se corrían si el avión se detenía en Argentina. De allí la imprudencia.

Maduro y Rodríguez se equivocan. El Poder Judicial argentino no está podrido como ellos dicen, ni es una marioneta en manos de Estados Unidos. En Argentina el Ejecutivo no podría entregarles un millón de hectáreas a los iraníes. Lo que sucede es que existe una cuenta pendiente que nunca se ha saldado entre Argentina e Irán por los hechos ocurridos hace tres décadas, y cada vez que exista el temor o la sospecha de que gente vinculada con el terrorismo internacional se encuentra en el país sureño, los órganos de seguridad actuarán. El Poder Judicial argentino, a pesar de todos los esfuerzos del kirchnerismo por pervertirlo, es tan sólido todavía, que la señora Cristina Kirchner, aun ejerciendo la vicepresidencia de la nación, está siendo investigada por formar parte de una trama de corrupción en la cual ella es figura estelar.

Maduro y Rodríguez deberían asumir el sabio consejo de Luis Almagro, secretario general de la OEA: lo más conveniente para Venezuela es que la oposición y el oficialismo se reúnan a discutir y concertar soluciones sobre los enormes y  graves problemas nacionales. Mientras esto no ocurra, el país continuará a la deriva, permanecerá escindido y sin soluciones que lo rediman.

No inventen excusas extravagantes y absurdas. ¡Reúnanse!