Así sucedió. Todavía estaba lozana y fresca la carta suscrita por 25 personalidades dirigida

al presidente de los Estados Unidos de América, al Congreso y a otros importantes funcionarios, solicitando “aliviar las sanciones” impuestas a Venezuela cuando – sin pensarlo dos veces y a renglón seguido -  vino la respuesta del gobierno de Maduro: las sempiternas  amenazas, imposición del Tribunal Supremo de Justicia (según algunos medios cambiaron la lista de sus integrantes en plena sesión), cierre  de una emisora radial, más compromisos con Putin, nuevos acuerdos con Turquía, la condonación de la deuda por 70 millones de dólares a San Vicente y Las Granadinas (algo andan buscando), airados discursos en la convención de PSUV y otras no tan vistosas decisiones que contradicen abiertamente las buenas intenciones de  la muy comentada misiva.

No discutimos ni objetamos el derecho que tiene  cualquier venezolano de manifestar y hacer pública su opinión. Sería una incoherencia por  parte nuestra,  criticar y no defender a ultranza la libertad de expresión en todas sus formas y alcances. No obstante, al documento, en nuestro criterio un tanto pueril o inocente,  le faltaron – entre otras cosas - peticiones más contundentes y sobre todo la inclusión de otros  destinatarios.

No dudamos de su encomiable propósito. Todos entendemos que las sanciones han agudizado la precaria situación económica del país, pero también debe considerarse que más allá de la dispersión opositora y del manguareo de algunas importantes individualidades frente  a las  decisiones ominosas del gobierno, la única herramienta con que se ha podido contar han sido las  “cuestionadas” sanciones. Acaso ¿hemos tenido y diseñado otras medidas más certeras y eficaces?

De otra parte, la carta ha sido escrita en un leguaje excesivamente diplomático, temeroso, vacilante, hablando mucho de “exhortar” y no de “requerir” o “exigir” al gobierno nacional. De paso, da la impresión que – a fin de cuentas – lo importante es el asunto económico y no el político, cuando debería ser lo contrario. Porque si no hay  arreglo en todo aquello que se refiere a la legitimidad y a la confianza en las instituciones, y sin un verdadero cambio en las actuaciones del régimen, no habrá decisiones económicas  que valgan.

Agregamos que el primer destinatario ha debido ser Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional y demás responsables de este desastre. Es a estos a quienes han debido conminar a modificar totalmente su nefasta política, dejar a un lado sus actuaciones anti-democráticas y –en consecuencia – a advertir al gobierno acerca de la obligación que tiene  de sentarse  con todos los sectores del país para convenir, pactar y decidir los cambios políticos que a estas alturas resultan impostergables.

La respuesta de Washington no ha podido ser más directa y contundente: “Podrían revisarse las sanciones en Venezuela si hay un progreso satisfactorio en el diálogo”. En otras palabras, lleguen a acuerdos sobre el restablecimiento de la democracia en el país para que haya una reconsideración y hasta una eventual suspensión de las sanciones económicas. Como se dice en criollo, más claro no canta un gallo.

En conclusión,  no se trata de pedir afuera si no de exigir  adentro. Para evitar las mal acostumbradas efervescencias editoriales o los momentáneos arrebatos de opinión, podría convenirse en dirigir  una carta a Maduro y a todos sus seguidores, pública y abierta, suscrita por la inmensa mayoría de los venezolanos, planteando la necesidad del levantamiento de las sanciones.  Para lograrlo – obviamente – habría que indicarle lo primordial e imprescindible que sería la aplicación de  una agenda de restitución democrática. Si lo hacemos en serio, verificaríamos cuán  sincera es la disposición del gobierno en enderezar o recomponer todo este complejo asunto.

|*|: Especial para www.opinionynoticias.com