La reiterada negativa del régimen que desgobierna a Venezuela para impedir  la visita a nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos indica el temor de los actuales gobernantes a que dicha entidad constate las reiteradas violaciones de los derechos humanos que han ocurrido y se suceden en el presente venezolano.

Por ello los factores políticos democraticos reiteramos el llamado a que una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se haga presente en nuestro país para las finalidades que le son pertinentes.

Todos los Estados del planeta  han ratificado los principales convenios de derechos humanos, manifestando así su consentimiento para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir,  otorgándole al concepto de la universalidad un enunciado especifico. Los derechos humanos son  esenciales a todos los seres humanos, sin excepciones de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. El principio de universalidad es la base del derecho internacional de los derechos humanos.

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 se dispuso que todos los Estados tuvieran el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los Estados asumen las obligaciones y los deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra los ciudadanos.

Todos los derechos humanos están limitados en Venezuela, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes.

La aplicación inconstitucional de una justicia sometida a los mandatos del poder ejecutivo afecta el derecho a la libertad pues no se respeta el debido proceso, que implica imparcialidad en la justicia,  y con  base en pruebas sobrevenidas se condena a penas infamantes a quienes discrepan de las políticas y ejecutorias del actual régimen.

La persecución de que es objeto el sector juvenil,  y específicamente el estudiantil, a quien se le limita su derecho a la protesta pacifica,  merece el más categórico rechazo por parte de los sectores democráticos nacionales y de ello dejamos constancia en el presente documento.

Finalmente expresamos nuestra más enérgica protesta  por  las  restricciones impuestas mediante legislaciones inconstitucionales a quienes fueron electos democráticamente para cargos ejecutivos estadales y municipales con el voto discrepante de las actuales políticas del poder ejecutivo. Dichas limitaciones  violan  los derechos de los   ciudadanos a ser gobernados por quienes han sido objeto de su elección mayoritaria.


carlos.padilla.carpa@gmail,com

(*): Presidente del Movimiento Republicano MR