Desde que Cedice-Libertad celebró sus 25 años en mayo pasado, el Gobierno no ha cesado de hostigarlo. El resonante triunfo que se apuntaron la democracia y la libertad, gracias a la presencia en ese evento de rutilantes intelectuales extranjeros y destacadas figuras políticas y académicas nacionales, no lo perdona el régimen. Después de haber acosado durante su llegada a Maiquetía a figuras de la talla de Mario Vargas Llosa, Jorge Castañeda y Álvaro Vargas Llosa, entre otros, el Gobierno optó por hostigar a Cedice de forma directa y permanente. La excusa más reciente la han encontrado en unas propagandas concebidas para ser transmitidas en televisión y medios impresos, en las que el centro llama la atención del país sobre los graves riesgos que se ciernen sobre la propiedad privada, derecho consagrado de forma taxativa en el artículo 115 de la Constitución Nacional.

Peligro diario Esos peligros no resultan de la imaginación caprichosa de unos personajes que mantienen una postura crítica acérrima contra el Ejecutivo, sino que surgen de la constatación de lo que ocurre cotidianamente en el país. La nación observa desconcertada cómo se estatizan empresas eficientes, se invaden inmuebles de legítimos propietarios, se confiscan fincas productivas, se expropian y colectivizan fábricas, se cierran medios de comunicación privados. Esta embestida ha venido acompañada de un arsenal de instrumentos jurídicos que arrinconan a la propiedad, colocándola en un segmento reducido y acordonado. Ser empresario privado ha pasado a convertirse, para el Gobierno, en un hecho pecaminoso, cuasi delictivo.

Las cuñas a las que nos referimos, transmitidas temporalmente y luego suspendidas por decisión de un tribunal, irritaron al Ejecutivo Nacional, determinando que movilizara sus palancas con el fin de que la Fiscalía General abriese un proceso judicial contra los miembros de la Junta Directiva de la institución. En el torbellino han sido envueltos los creativos y actores que participaron en el diseño y ejecución de la campaña. A las plantas que difundieron los mensajes, Conatel les abrió un procedimiento administrativo (¡vaya nombre!). El expediente lo ha ido sustanciando la Disip, policía política del Gobierno. A este organismo han sido llamados a declarar, dentro de una atmósfera que no oculta su propósito intimidatorio, los miembros de la Junta Directiva y allegados a la institución. Esta conducta obligó a Cedice a buscar un bufete de abogados que lo asesorará en su defensa. Resulta paradójico, incluso surrealista, pero es cierto: el centro tuvo que contratar un equipo de profesionales del Derecho para explicar por qué defiende de forma pública un principio constitucional vulnerado por el Gobierno.

Como parte de la animosa actitud del Ejecutivo, la Disip le ha aplicado el microscopio de Pasteur a las escasas finanzas que ingresan en una institución sin fines de lucro, que durante sus 25 años de existencia no ha hecho más que promover los valores del trabajo creativo, difundir las virtudes de la propiedad privada y la economía de mercado, y divulgar la importancia de la libertad en todos los espacios sociales. La Disip a estas alturas debería saber que Cedice se nutre de las desinteresadas contribuciones de sus afiliados y amigos.

A través de Venezolana de Televisión (VTV) se desacredita e injuria constantemente a los miembros de la institución. En días recientes Eduardo Gómez Sigala, conocido dirigente empresarial y persona vinculada a Cedice, fue objeto de una agresión por parte del Ejército en una finca de su pertenencia en el estado Lara. A Gómez Sigala se le despojó arbitrariamente de su propiedad y, además, fue denunciado penalmente por los militares. De las amenazas se ha pasado a las acciones concretas.

Este cuadro hostil contra Cedice forma parte de la espiral represiva desatada por el Gobierno en los últimos años, particularmente desde el 15 de febrero pasado, cuando la propuesta de reelección indefinida se impuso en las urnas electorales. A partir de esa fecha el clima represivo se ha tornado más espeso. De él han sido víctimas estudiantes, trabajadores y obreros, empresarios, dirigentes políticos, líderes sindicales y los comisarios policiales que el 11-A impidieron que los sucesos de ese día fuesen aún más dramáticos. Todos los sectores que difieren del régimen han sido maltratados por la acción del Gobierno.

A pesar del asedio, Cedice-Libertad continuará divulgando los principios en los cuales cree.

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