A finales del año pasado, la sanción de la Ley para la Protección Social Integral al Artista y Cultor suscitó el festivo encuentro de los profesionales de distintos medios,

activos o retirados, en el hemiciclo de trabajo de la Asamblea Nacional.  Figuras muy conocidas de la televisión, por ejemplo, corearon las consignas del oficialismo con vehemencia y entusiasmo, creyendo resuelto el problema por  una formalidad que, como tal, ha quedado para los afanes propagandísticos del régimen.

Soslayando las realidades, los celebrantes no preguntaron sobre la viabilidad de toda una normativa que también establece la asfixiante sobredeterminación del Estado y, en última instancia, está subordinada a  la política económica en boga. Y si ésta resultare equivocada, como ocurre, el simple voluntarismo termina quebrado por la inocultable crisis que padecemos, afectando a todo el sistema de seguridad social de escasa cobertura, luego de década y media de un mismo gobierno.

Nada inocente, el oficialismo sabe muy bien que hay iniciativas que no puede soportar y, valiéndonos de otro ejemplo, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras esplende por su fracaso, abonando en no poca medida a la aludida crisis. Existen derechos y garantías nominales, resueltamente incumplidos y,  es más, las respectivas inspectorías del trabajo suelen postergar los reclamos y solicitudes, por cierto, a pesar del decreto y la enfermiza prédica,  indiferentes ante los despidos injustificados de la administración pública y -  dependiendo de la influencia ejercida por sus gerentes o propietarios – del sector privado, aunque – acotemos – de tratarse de poderosas empresas, da la oportunidad para abrir y ensayar con un conflicto de entera significación política.

Habilitadas o no, kelsenianos consumados, las leyes sancionadas y promulgadas cumplen con el triple propósito de programar toda la vida social, así haya áreas dispensables; disponer de herramientas que amedrenten o menoscaben a los sectores potencial o efectivamente disidentes, por muy buena voluntad que tengan de llamar a la rectificación; y, no faltaba más, el uso intensivo de la propaganda. Al respecto, poco importa si se cumplen e, incluso, que fracasen una y otra vez respecto a las condiciones que deben posibilitar ese cumplimiento, pues, formal o nominalmente insisten en la vigencia de las normas legales, añadida la propia Constitución de la República, como la conquista de una revolución que, no siendo tal, queda molida por las realidades que siguen su curso insobornable.

Dos referencias adicionales,  por una parte, el suscrito tuvo ocasión de reunirse personalmente con el gremio de los recreadores que demandan todavía la sistematización y actualización de las normas que los rige, dos o tres años atrás, e – inconsultamente transferido de la Comisión de Cultura y  Recreación a la de Política Exterior – los reencontramos con la emoción de la sesión que sancionó la Ley Orgánica de Recreación que tanto aplaudieron. No obstante, aprobada por la Asamblea Nacional a mediados de 2014, todavía no ha sido promulgada por Nicolás Maduro, ni fue incluida en las leyes habilitadas que produjo, y,  ésta vez por omisión de la junta directiva de la Asamblea Nacional, no está vigente: lo peor, no devuelta ni  promulgada, razonando con José Peña Solís (“El procedimiento legislativo en Venezuela”, UCV, Caracas, 2009), la mayor evidencia es la del veto presidencial.

Finalmente, por otra, hace poco participamos en una sesión de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, suspendida la de Administración y Servicios, a la que ahora pertenecemos, y – al dilucidar el caso de Pilar Romero – una de las funcionarias del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), admitió que había conscientemente violado la ley al procesar la solicitud que le hiciera la conocida actriz de televisión que se encuentra en una lamentable situación personal. Nos permitimos llamar la atención sobre una confesa y apresurada postura de tan alta funcionaria en una comisión legislativa, prefiriéndola involuntaria, espontánea y apresurada para una sesión en la que no había quórum. 

EL EDIFICIO VIEJO DE LA CORTE

Nos hemos permitido llamar la atención sobre la negligencia del Estado para con los inmuebles de alto valor patrimonial, cultural e histórico. Hacia octubre de 2014 precisamos en la cámara la deplorable situación en la que por años, se encuentra la vieja sede de la Corte Suprema de Justicia. En días pasados, observamos, al transitar la zona, los trabajos que se realizan y que, ojalá, sean de restauración y no de una repentina, acelerada e improvisada remodelación para una casa llena de ilimitados testimonios históricos.

@LuisBarraganJ