Creíamos que era imposible que un gobierno mintiese tan larga y sostenidamente, dándola la espalda a las realidades que todos evidenciamos y sufrimos.

Y, dieciséis años después, constatamos  una gran hazaña de la ingeniería propagandística y publicitaria, debidamente sustentada en la violencia efectiva y potencial, que hace de la ficción – terrible ficción – parte sustancial de la vida cotidiana.

Donde hay pobreza, censura,  inseguridad, desabastecimiento, injusticia, desempleo, entreguismo, corrupción, autocracia, inflación o mafias, reina una versión idílica de las estadísticas prefabricadas que se une al espectro del intervencionismo extranjero, la guerra económica o cualesquiera ocurrencias que adquieren el inmediato cuño doctrinario para los seguidores incautos que sobreviven al régimen, esperanzados en un remoto favor. El dogma dice quemar toda inquietud en la desolada intimidad del partido de gobierno, en realidad, más gobierno que partido, pues el más modesto disenso lo remite a una Razón de Estado y las consecuencias del caso.

La clara, natural, compartida y vehemente protesta social y política que ha ganado el madurato, se convierte en una oscura conspiración de escasas camisas pardas que literalmente profesan su arrechera a la gente. Por ello, cobarde defensa, la vía más expedita es la de confiscar todas las tragedias ajenas, reinterpretarlas y enfilarlas hacia la insólita conversión del victimario que clama como víctima.

La inaudita expropiación moral está ejemplificada en un título editado por la Asamblea Nacional a través del Fondo Editorial William Lara que, por cierto, reemplazó la vieja y meritorísima Ediciones del Congreso de la República: “Plan Guarimba. Expresión de odio contra el pueblo” de Farith Fraija Norwood (Caracas, 2014). El caso no está en la traducción que se hace de los consabidos acontecimientos del año en curso, convertida en herramienta política e ideológica para los adeptos, sino en la completa absorción manipuladora de las muertes generadas por la protesta que jamás reconoce como un derecho constitucional que desconoció y violentó el propio gobierno. 

Colocando las carretas delante de los bueyes, el gobierno que ha de velar por la paz, la estabilidad, la integridad y vida de los venezolanos, declarándose tácitamente incompetente para ello, aunque hay quienes piensan en un deliberado agravamiento de la situación, decidió que esos muertos les pertenecen.  La operación y el mecanismo lucen sencillos, pues, se trata de inculpar a terceros, acercarse y reclutar a los familiares de las víctimas que claman por justicia, enrolarlas en una campaña falsificadora de los eventos, para satanizar todo gesto opositor: hay precedentes, como la relativa organización que logró de algunos familiares de las personas caídas el 11-A que, en lugar de una pronta reparación, únicamente convoca cuando el momento publicitario así lo exige.

Fenómeno probablemente inédito en Venezuela,  luce impensable que los remotos casos emblemáticos de la represión oficial aparecieran en el catálogo de los verdugos, si fuere el caso citarlos. No obstante, la mayor diferencia reside en la división de los órganos del Poder Público y la libertad de prensa.

Por ejemplo, cierto que Alberto Lovera fue una condenable expresión de la violencia del Estado, pero el colmo hubiese sido que se expusiera como una víctima más del gobierno de Leoni en alguna folletería de ocasión. Es más, desaparecido, fueron el parlamento y la prensa los que lo reclamaron y, después de flotar el cadáver encadenado, el gobierno tuvo que responder a los más encendidos debates, a la polémica más despiadada que daba alcance a justos y a pecadores, sacudiendo la tranquilidad de los magistrados, sin que la suerte de la República se perdiese por ello, en medio de una abierta violencia subversiva que lo contextualizó.

Valga la distinción, el actual gobierno atropelló a nuestras juventudes inconformes, intentando quebrarlas en los extremos inaceptables de la represión que pretende maquillar, e impidiendo que la Asamblea Nacional discuta – aunque sea por un instante – el asunto, bloqueando y censurando a los medios, por no citar el papel de los jueces. Nunca ha tolerado el papel que le toca a cualquier gobernante: dar explicación de sus actos, por lo que la confabulación muy bien la ilustra la citada publicación: mientras sea ajena, exprópiense esas muertes !!!

Adicionalmente, parece obvio el elemento dispar: antes no existían los medios digitales, aunque la noticia igualmente cruzaba las fronteras. No por casualidad, en el “Plan Guarimba” tenemos una breve consideración sobre “Las redes sociales y el uso del Internet” en la inmensa telaraña guarimbera que alegan.

@LuisBarraganJ