Un Presidente que gobierna desde una isla a través del Twitter, a una nación con cuantiosos y profundos problemas de todo tipo, es el encargado de firmar la nueva Ley Orgánica del Trabajo durando un show televisivo muy acomodado y con características disímiles a las ya conocidas por Miraflores y sus palcos de prensa.
Tal como lo sostiene el periodista Nelson Bocaranda Sardi, en su conocida columna semanal, se cambió el habitual escritorio por un podio bastante grueso en el que era difícil observar con detenimiento el verdadero estado físico del mandatario. Sin muchos movimientos y con unos invitados bastante seleccionados, se llevó a cabo el evento por meses esperado.
Un discurso corto, no conveniente para el trascendental momento, con una voz que se quebró un par de veces durante la alocución, fueron rasgos que evidenciaron el mal estado de la salud de Hugo Chávez.
Así mismo, y como se estaba rumorando desde hace un par de días, otra noticia fue lanzada a la vorágine de opiniones que comenzaron a moverse en torno a su anuncio: la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Inmediatamente diversos voceros salieron a su rechazo. Los noticieros abrieron con ambas informaciones desplegadas.
Delsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano, exigió la evaluación oficial del comentario presidencial, tomando en cuenta que eso dejaría a la República sin protección internacional en materia de Derechos Humanos y que para separarnos de este ente tendríamos que también decir adiós a la Organización de Estados Americanos a escasos meses de las elecciones presidenciales.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, firmada el 22 de noviembre de 1969, puesta en vigencia el 18 de julio de 1978 y que actualmente suscriben 25 Estados de América, resalta que para poder materializar una separación de la misma debe darse por lo mínimo un año de preaviso, lo cual da un carácter de “protección” al país por ese período de tiempo de formalizarse la ruptura por parte del Ejecutivo Nacional.
Sin duda, este anuncio accidentado y al que el chavismo le salió al paso para “analizar” es el pote de humo necesario para no desgastar tanto en la disputa televisiva el “aura” de la nueva LOT y pueda concretarse como una gran estrategia electoral.
En una especie de escapismo, Chávez una vez más coloca dos temas totalmente distintos en la palestra para que sean discutidos por el sector opositor: una Ley profundamente populista, sin consenso y que atenta contra el sistema productivo privado e inclusive público por sus desatinadas condiciones de colocar al trabajador por encima de la empresa misma, estableciendo una especia de dictadura del proletariado constitucional del siglo XXI; y un pote de humo blanco para advertir a la comunidad internacional el rumbo que tomará Venezuela de ganar Chávez el 7 de octubre separándose de CIDH, OEA y similares.

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