El  caso del doctor y coronel Eladio Aponte Aponte, con su carga de denuncias concretas y el señalamiento de algunos protagonistas de sonados procesos judiciales, han confirmado la enorme cantidad de dudas y sospechas existentes con relación a las estructuras del crimen organizado, soporte operativo del narcotráfico, del terrorismo y del lavado de dinero. Este régimen está podrido de la cabeza a los pies. De él han salido personajes como Walid Mackled y magistrados como Aponte, para sólo mencionar a dos de los más recientes casos. Se trata de un empresario milmillonario que agigantó su fortuna al amparo del alto gobierno civil y militar y de quien hasta hace poco fue presidente y miembro de la Sala Penal del TSJ y, anterior a eso, fiscal militar del más alto rango. El problema para el régimen es más serio que cualquier cantidad de pruebas documentales que se dice poseen ambos personajes. El drama, sobre todo en el caso Aponte, es que la mayor prueba es él mismo.

Protagonista y testigo de cargo. Se fue del país sin que existiera medida alguna que se lo impidiera. Y tengo la impresión de que el general Peñaloza da en el clavo cuando afirma que posiblemente trata de evitar la suerte corrida por el general Arnaldo Ochoa en Cuba, fusilado por Castro, o del fiscal Danilo Anderson, asesinado de manera extraña, misteriosa y hasta comprometedora para algunas notables figuras de la vida pública.

Todo es importante en estos casos. Lo más grave es la muerte del Derecho como instrumento regulador de la vida en sociedad, de las relaciones de las personas naturales y jurídicas y de todas ellas con el Estado-gobierno. Al desaparecer el Derecho queda automáticamente liquidada la justicia como ideal republicano. Para que cualquier nación pueda marchar necesita disponer de un ordenamiento jurídico bien estructurado y sabiamente administrado que garantice igualdad de oportunidades y deje establecidos los alcances de los derechos fundamentales de las personas y también los límites del poder del Estado frente a los derechos ciudadanos. En Venezuela caminamos en dirección radicalmente contraria. Al desaparecer el Derecho, el ciudadano queda indefenso, en manos de los caprichos y desviaciones de los gobernantes. Cada vez se depende más del tráfico de influencias y de la corrupción. El sicariato asoma la cara trágica de una impunidad que sólo puede concebirse como política de Estado.

Aquí informa la prensa que en el caso Makled se negó la posibilidad de comparecencia de algunos de los altos oficiales señalados por el procesado como cómplices de sus operaciones. Lástima. Hubiera sido una oportunidad para el careo y la evaluación de las pruebas que se mencionan. En Estados Unidos las cosas son diferentes. Los cuerpos de investigación y la administración de justicia son independientes.

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