Imagínese, amigo lector, que usted es reportero gráfico y termina de cubrir una rueda de prensa en la frontera con Colombia, donde la Guardia Nacional desmanteló un laboratorio en el que delincuentes procesaban cocaína. Son casi las siete de la noche y usted, cargado con un pesado equipo fotográfico, debe correr desesperadamente durante media hora, saltar troncos y atravesar profundos lodazales, para finalmente abordar un helicóptero que, junto a otros reporteros y reporteras, lo sacará de una zona en la que pululan narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares.

En medio de la huida, aliñada por el ruido de explosiones y ya casi a oscuras, exhausto por la carrera, sin agua y afectado por las emanaciones tóxicas del laboratorio, le sobreviene una severa crisis de salud, que bien pudiera ser un infarto u otra grave patología. Es auxiliado por dos guardias nacionales, pero el helicóptero que le espera alza vuelo sin que los pilotos militares presten oído al ruego de otros periodistas que dentro la nave imploran aguardar a su colega en emergencia.  Minutos después, la injustificable omisión de socorro termina por provocar su muerte.

Esta historia no es ficción. Ocurrió la noche del 22 de abril de 2010, cuando el periodista Jorge Durán fue a cumplir a la frontera una descocada pauta informativa que le impuso su patrono, el mayor Jorge Galindo, jefe de prensa del Ministerio del Interior y Justicia.

El día 25 denuncié públicamente las injustificables condiciones en que falleció mi entrañable amigo, quien dejó viuda a la también periodista Lisbeth Torres, trabajadora del Ministerio de Educación, y huérfanos a tres muchachos.

Días después publiqué copia de un informe oficial que corroboró mi denuncia. La colega Jessica Rojas y el camarógrafo Pedro Amoruso, funcionarios del MIJ, relataban ante el despacho del ministro Tareck El Aissami el horror que aquella tarde-noche vivieron junto a su compañero Durán y otros periodistas.

Dos años más tarde, tanto el ministro El Aissami, como la Fiscal Luisa Ortega Diaz y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) han dado la espalda a su obligación de hacer justicia en este caso, cubierto por un manto de culposa complicidad.

No otra cosa puede esperarse de unas instituciones carcomidas por la podredumbre moral, como lo evidencian las repugnantes confesiones del ex magistrado Eladio Aponte Aponte.

BREVES

- El próximo sábado, el legendario Pompeyo Márquez arribará a sus noventa años en medio del aprecio y admiración de la Venezuela democrática. En la fecha, será presentado el libro “Pompeyo Márquez contado por sí mismo”. Con seguridad, un verdadero tesoro editorial.

- Veinticinco años de reporterismo político y unos cuantos en otras responsabilidades profesionales avalan la obra que acaba de culminar el periodista Ricardo Escalante, autor del texto “Un país de culpas”. Escalante pasa revista a los  cuarenta años de vicios, errores y aciertos que abrieron camino al ascenso de Chávez al poder y, sin complacencias con el gobierno ni con la oposición, explica por qué las culpas de cuanto ha ocurrido en el país están repartidas democráticamente. Está a la venta en Amazon.com y pronto en las librerías.

MICROENTREVISTA

Baldomero Vásquez, analista político

“La Asamblea Nacional debe regular a encuestadoras y el CNE supervisarlas”

-¿Cuán confiables son las encuestas electorales?

-Son altamente confiables como se puede verificar en las encuestas presidenciales de los países de América Latina, con la excepción venezolana.

-¿En otros países es común la guerra de las encuestas?

-No. La llamada guerra de encuestas sólo existe en Venezuela.

-¿Cómo se explica técnicamente que las mediciones de opinión electoral arrojen resultados tan distintos según las firmas que las realizan?

-En las presidenciales de Uruguay (José Mujica), Chile (Sebastián Piñera), Brasil (Dilma Russef) y Perú (Ollanta Humala), los pronósticos de todas las encuestadoras eran similares y se podrían catalogar de perfectos pues los resultados se ajustaron a éstos. El error de predicción fue de cero. En Venezuela no es así porque hay encuestadoras con sondeos favorables al gobierno cuyos errores de predicción han superado el mil por ciento, lo cual es inaceptable estadísticamente. En ese rango están GYS XXI, Consultores 30.11, North American Opinion Research e IVAD. Ese nivel de error demuestra que son simples montajes.

-¿Sólo critica a las que favorecen al gobierno?

-No. Otras como Datanálisis, Hinterlaces, Keller y Asociados, son empresas privadas con fines de lucro que en muchos casos han dado sondeos a la medida de sus clientes y no están sometidas a regulación que proteja a la opinión pública, como sí ocurre en Brasil y en otros países, donde están legalmente supervisadas por el órgano electoral.

-¿Sugiere que el CNE supervise a las encuestadoras electorales?

-Sí. La Asamblea Nacional debería dictar una ley con base en la cual el CNE supervise a las encuestadoras para proteger a la opinión pública.

-¿Hay mercaderes de las encuestas que venden los resultados conforme al gusto del comprador?

-A la luz de fallidos pronósticos sumamente distantes de los resultados finales, habría que decir que sí.

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Columna PuñoyLetra Diario 2001 / OyN