El aumento, en dos tramos, de 32.5% en el salario mínimo decretado por el Gobierno es un acto demagógico, irresponsable y dañino para la economía y los trabajadores, que no coloca al sueldo mínimo (SM) entre los más elevados de la región, por la simple razón de que se concede en el país con la más alta inflación del continente y con distintos tipos de cambio.

Es demagógico porque crea la ilusión de que representa un incremento en el poder adquisitivo real de los asalariados, cuando en verdad -en medio de la enfermedad que padece la economía- constituye una vía para acelerar la marcha de los precios. El SM hay que compararlo con el costo de la Cesta Básica y de la Cesta Básica Alimentaria; ésta representa cerca de 50% de la CB. Quienes ganan ese monto lo invierten casi todo en comprar alimentos. Anualizada de marzo de 2011 a marzo de 2012, la inflación en este rubro fue de 31.3%, según el BCV. El SM, en el mejor de los casos, se habría colocado apenas un punto porcentual por encima del índice de inflación, de haberse concedido en un solo paquete. Al fragmentarlo, ni siquiera cubre el aumento antes del 1 de mayo, cuando entrará en vigencia el 15% inicial.
Es irresponsable porque esa medida la adopta el Gobierno sin consultar, negociar y concertar con los empresarios y los sindicatos, y sin que forme parte de una política antiinflacionaria integral. La ausencia de esta visión estratégica global de la lucha contra la inflación -que debería incluir una política fiscal, monetaria y cambiaria- terminó derritiendo el bolívar fuerte. Los actores fundamentales del proceso productivo fueron excluidos. Las únicas fuentes indagadas, si es que tal hecho ocurrió, fueron el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y alguno que otro sindicato chavista. El marco global de las medidas salariales no existe. Lo que prevalece es el impromptu del Presidente de la República. Su afán de ganar las elecciones del 7 de octubre.
El salto del SM tampoco guarda relación alguna con la productividad del sector agrícola y de la pequeña y la mediana industria. Habrá más bolívares en los bolsillos de los trabajadores compitiendo por adquirir los pocos alimentos producidos en el campo -deprimido por la persecución y acoso a los que han sido sometidos sus productores desde hace trece años- y por la raquítica producción industrial, también golpeada por la batería de leyes punitivas que la han castigado durante la última década. Las importaciones, expediente con el cual el régimen trata de minimizar la inflación y evitar la escasez, serán insuficientes para detener la escalada de precios.
Dañino porque encarece de manera artificial la creación de empleo en el sector moderno de la economía. Las autoridades del Gobierno hablan de reformar la Ley Orgánica del Trabajo para, entre otros objetivos disparatados, retornar al antiguo cálculo retroactivo de prestaciones sociales. El impacto de este nuevo aumento del SM en las pequeñas y medianas industrias será letal si tienen que recalcular las prestaciones de los trabajadores con un nuevo sueldo cuyo monto es el resultado de los caprichos del primer mandatario. En Venezuela, país con el mayor costo en la producción de un empleo en el sector formal, se hará aún más oneroso crearlo. El refugio de la Población Económicamente Activa seguirá siendo la informalidad.

El SM, en vez de beneficiar a la mayoría de quienes se incorporan a la PEA, continuará favoreciendo al porcentaje, relativamente bajo, que se encuentra ocupado en el sector formal de la economía. En cifras, según el INE: 58% de la fuerza laboral trabaja en el sector formal; el otro 42% sobrevive en el mundo de la informalidad, sin SM, ni beneficios laborales ni leyes que los protejan. El Gobierno, extraviado como siempre, cree que la clase obrera está integrada únicamente por los trabajadores y empleados protegidos por el Estado. No se da cuenta de que ese universo es mucho más amplio. A él pertenecen los desempleados y los informales, cada vez con menores posibilidades de conseguir un trabajo estable y bien remunerado.
La segunda fase del aumento, el 15% adicional, entrará en rigor el 1 de septiembre, un mes antes de las elecciones. Será un acto de descarado ventajismo, en medio de una campaña electoral caracterizada por el abuso de poder, y el marcado desequilibrio de recursos entre el Gobierno y la oposición. El CNE posee facultades para impedir que la maniobra se consume. No lo hará. La denuncia tendrá que quedar como testimonio.

@tmarquezc