El manejo de la "ley fantasma" o la "nueva" Ley Orgánica del Trabajo, me hace recordar una declaración de Aristóbulo Istúriz en sus tiempos de vicepresidente de la Asamblea Constituyente de 1999.

Faltaban pocos días para que se venciera el plazo de elaboración del proyecto final y bien se sabía que habían muchos temas pendientes; le preguntaron a Istúriz al respecto y contestó que sí, que cómo no, que faltaban algunos detalles como el asunto del federalismo, o la unicameralidad de la Asamblea y cosas de ese tipo... Naturalmente, el macheteo final de la "Carta Magna" fue atroz y se le nota de sobra.

Ahora con la LOT es peor, porque además de macheteo hay secreteo: queda un mes para que se cumpla el anuncio de su promulgación, y aún no se conoce ni el pre­ante­proyecto de lo que se iría a promulgar. El canciller Maduro, presidente de la Comisión Presidencial encargada de prepararlo, no se ha ocupado mucho del encargo, y algunas declaraciones de sus miembros revelan que aquello es una farsa política, muy al estilo de una satrapía con ropaje de democracia participativa.

Y para más descaro, el señor Chávez proclama que debe "incrementarse el debate sobre la nueva Ley del Trabajo". ¿Cuál debate?, si hasta algunos laboralistas afectos al oficialismo se quejan de que no los toman en cuenta para nada. En este campo, como en cualquier otro del reino bolivarista, si algo no ha habido es debate.

Simulación de debate, tal vez; pero intercambio sustancial de planteamientos para enriquecer las decisiones públicas, nada de nada.

Recuérdese que el caso de la vigente Ley Orgánica de Educación, aprobada a troche y moche sin que mediara debate ni participación efectiva.

Pero ahora con la LOT es peor, porque siquiera la ley educativa pasó por un mini­tramite en la Asamblea Nacional con cierta visibilidad pública. La ley laboral será decretada por vía habilitante, sin que al habilitado le importe un bledo lo que proponga nadie. La primera Ley del Trabajo, la de 1936, fue producto del consenso de la época y por eso duró 54 años. La segunda, la de 1990, fue resultado de un consenso parlamentario en un Congreso plural y de largos años de verdadero debate en una Comisión Bicameral. La tercera, la de 1997, fue consecuencia del diálogo social de la Comisión Tripartita, a plena luz de la opinión pública durante casi dos años.

Y la cuarta, la de 2012, será un macheteo en secreteo, como suelen ser las decisiones importantes en la cacareada "democracia participativa", o las ruinas de la gobernabilidad democrática.

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